Pese a estar en quiebra técnica, la cooperativa de Ahorro y Crédito tenía desde el 27 de septiembre de 2009 el aval de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para recibir captaciones del público, según consta un aviso emitido por la entidad publicado en un medio escrito de Santa Cruz en ese año. Lo llamativo es que la ASFI emitió un informe con corte al 30 de junio de ese año, en el que señala “la inviabilidad financiera” de la entidad por malos manejos.
Admite aval. Mediante su equipo de comunicación la entidad reguladora admitió que la San Luis, tenía permiso de operar, pero solo con sus socios. Sin embargo, la ASFI señala que la cooperativa violó la autorización al dar Depósitos a Plazos Fijos (DPFs) y créditos a personas que no eran parte de la entidad.
"Nadie dijo que operaba al margen de la Ley. Pero cometieron grandes errores, como trabajar con DPFs, y dar créditos a personas ajenas a la cooperativa", señaló el ente regulador.
Sin embargo, el 10 de agosto la directora ejecutiva de la ASFI, Lenny Valdivia, informó a El Día que la cooperativa San Luis Ltda, estuvo operando desde su fundación, en 1980, sin las licencias correspondientes. Es más: en una publicación del periódico El Deber de esta fecha, la funcionaria estatal señaló, que "en el caso concreto de la San Luis" ya en abril de este año se les advirtió a sus ejecutivos que se acojan a una liquidación forzosa, voluntaria y ordenada.
"Pero los ejecutivos de la entidad hicieron caso omiso, pese a que no cuentan con autorización para funcionar", matizó en aquella fecha el medio cruceño.
Sin embargo, el equipo de prensa de la ASFI minimizó estas contradicciones, cuando se pidió que la máxima autoridad dé una explicación sobre este tema, ya si bien esta cooperativa estaba quebrada aún podía adecuarse sus normas.
Informes. En el 2009 la ASFI, que se encontraba a la cabeza de Ernesto Rivero, emitió un informe en el que observó una serie de manejos irregulares en el interior de la cooperativa, que en el 2008 se sometió al proceso de adecuación. En este escrito con corte al 30 de junio de 2009, la reguladora estatal estableció que el 2009 la entidad estaba expuesta a una "pérdida de gestión de Bs 86 millones" y registraba, además, una pérdida acumulada de Bs 57 millones lo que implicaba un resultado negativo de Bs 143 millones.
Pero el 27 de septiembre el ente puso en conocimiento del público una lista de varios bancos, entidades financieras y cooperativas, que podía operar. En ella figuraba la cooperativa San Luis.
Después de este informe vinieron otros cuatros más que establecieron que los activos de la institución eran de Bs 42.979.329, y los pasivos Bs 305.483.500, colocando a la entidad en quiebra técnica
Procesos. Luego de este escándalo, la ASFI interpuso una demanda por estafa contra los exdirectivos de la entidad, incluyendo al empresario y presidente del Club de The Strongest, Kurt Reinstchs, que de acuerdo a las primeras pruebas habrían hecho operaciones que terminaron por cercenar los recursos y los ahorros de los socios de la cooperativa.
Reinstchs es acusado de haberse beneficiado con más Bs 40 millones de créditos, los cuales pagó con más de 2.000 certificados de aportación del Club The Strongest, que según la ASFI no tienen validez legal y son imposibles de ser monetizados.
A la fecha la Fiscalía ha librado como 30 órdenes de aprehensión y una persona se encuentra detenida por este caso, al que se suma el exgerente general, Arturo Cuéllar, que es sindicado de ser el principal responsable de la quiebra. Él, no obstante, guarda detención por otro cargo.
Desesperación
Socios piden que se agilice la venta de la cartera de la San Luis
Pedido. José Chura, presidente de la Comisión de Liquidación de los socios de la San Luis, exigió a la ASFI acelerar el proceso de venta de la cartera de $us 4,2 millones para que los socios puedan recuperar algo de lo depositado. Caso contrario amenazan con radicalizar protestas.
Defensa. Por su parte, Iván Roncal, abogado de Reinstchs, uno los implicados en la estafa millonaria a los socios de la San Luis, pidió a la ASFI, asumir su responsabilidad, esto debido a la demanda interpuesta contra su cliente. Señaló que hasta el momento no existe una denuncia formal contra su defendido.
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