14 agosto 2013

Fiscalía plantea recurso de nulidad en el caso de los cajeros automáticos

El Ministerio Público presentó un incidente de actividad procesal defectuosa ante el juzgado controlador del caso de atentados a cajeros automáticos, iniciado en mayo de la pasada gestión. El incidente plantea una vulneración al debido proceso investigativo, ante la falta de pericias por el delito de organización criminal.

Este incidente debe ser considerado en una audiencia en el juzgado cautelar controlador, pero la defensa de la principal imputada en el caso sostiene que el recurso será rechazado porque el delito de organización criminal no fue ampliado dentro de la investigación a su debido momento.

“Nosotros estamos seguros que este incidente será improbado por la sencilla razón que la investigación no ha sido ampliada en su momento por el delito de organización criminal, sino por los dos tipos penales comunes; terrorismo y homicidio en grado de tentativa”, señaló el Paulo Peredo, abogado defensor de Nina M.

Contrariamente a este hecho, la defensa plantea que el proceso investigativo ya “ha sobrepasado superabundantemente”, los plazos procesales, lo que apunta a una extinción penal por el incumplimiento a los plazos.

“El caso ya debería estar extinguido, una vez resuelto el incidente planteado por la fiscalía, será la prueba de que el hecho investigado ya ha sobrepasado los plazos”, señaló.

Explicó que esta acción se fundamentará en que hace más de 6 meses (en el cómputo de los plazos, pero más de1 año en tiempos ciertos), la imputada solicitó la pericia que demuestre la identidad de la persona que participó en los hechos denunciados, pero que hasta el momento no hubo respuesta de la Fiscalía.

“Hasta el día de hoy no hay la pericia ofrecida para determinar la identidad de la persona, por el cual a Nina se la ha imputado en este hecho”

La audiencia para ventilar el incidente presentado por la Fiscalía quedó suspendida, la víspera, ante la inasistencia de la representante del Ministerio Público y señalada para el 22 de septiembre.

El 30 de mayo de la gestión pasada, el ministro de Gobierno Carlos Romero y autoridades policiales presentaron a un grupo de 4 personas como “autores de atentados explosivos contra cajeros automáticos, instalaciones del Estado y restaurantes de comida rápida en varias ciudades de Bolivia”, situación que las investigaciones aún no han podido demostrar.

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