Multas a rockolas recaerán en los dueños del inmueble

El municipio anuncia mano dura contra las rockolas y chicherías que sin autorización municipal abren sus puertas y comercializan bebidas alcohólicas. La nueva normativa, que entrará en vigencia en poco menos de una semana, busca el compromiso de los dueños del inmueble para que exija a sus inquilinos contar con todos los documentos legales, caso contrario las multas serán cargadas a los impuestos del dueño del inmueble.

Se hacen la burla de las autoridades. Cuando las autoridades clausuran las rockolas y chicherías, muchas vuelven a abrir dejando sin efecto la sanción, que va desde el cierre hasta por 10 días y la suspensión de la licencia, en caso de que sea legal el comercio. Ante esta situación, el municipio alista una ordenanza municipal que obligará a los dueños del inmueble a exigir a sus inquilinos los permisos y licencias que autorizan el legal funcionamiento del comercio. Así cuando sea necesario clausurar los bares por algún motivo, y el dueño del local esquive las sanciones, la multas serán cargadas a los impuestos del propietario que si se rehúsa a pagarlas en el momento, automáticamente deberá hacerlo cuando pague sus impuestos municipales, anunciaron las autoridades ediles.

Proliferan los negocios informales. En las zonas de la Villa 1ro de Mayo, Plan 3.000 y Los Lotes, han proliferado las rockolas y chicherías, que abren sus puertas y comercializan bebidas alcohólicas sin contar con las licencias y permisos de ley. Las autoridades ediles han evidenciado que en la mayoría de los casos estos comercios no tienen ningún permiso para su actividad económica y que los dueños del inmueble no exigen la documentación. En poco menos de una semana los ediles publicarán una nueva ordenanza municipal que obliga a los dueños del inmueble a exigir a sus inquilinos, antes de firmar sus contratos, presentar toda la documentación que los autoriza a funcionar de manera legal, y si estos son sancionados y esquivan sus obligaciones civiles, están obligados cancelar, a través de sus impuestos, la multas que serán cargadas a los dueños del inmueble. “De esta manera vamos a conminar a los dueños del inmueble a que sus inquilinos tenga todo en regla”, señala Paúl Cortez, que dirige la Dirección de Defensa al Consumidor. “Muchos negocios evaden sus responsabilidad y los dueños de casa dicen desconocer de quienes se trata, esta medida evitará que los negocios reabran y que sean ilegales”, agrega Cortéz.

A esto se suma el Código Tributario que sanciona a las personas que violenten los precintos de clausura con sumas que pueden llegar hasta los 10.000 bolivianos, que de no ser canceladas pueden afectar en el antecedente bancario de los dueños del inmueble, bloqueando préstamos que a futuro quiera solicitar el propietario del inmueble que alquila el negocio.