El secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, anunció ayer que el sector iniciará una demanda legal contra el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por los daños ocasionados con el cierre de negocios que no emitieron facturas, acción que -según dijo- fue declarada "inconstitucional" por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El fin de semana, el TCP declaró "inconstitucional" el procedimiento para la clausura de negocios de los contribuyentes por parte del SIN establecida por la Ley 317 y los numerales 4, 5 y 6, que ordenaban la clausura o decomiso de mercaderías para que pasen al Ministerio de la Presidencia, según ABI.
"Luego de conocido el fallo favorable el que junto con los microempresarios exigimos, vamos a iniciar una demandar al SIN para el resarcimiento de daños que han ocasionado con estos cierres, que son contrarios a la ley porque el Tribunal así lo declaró y advirtió a Impuestos a su tiempo pero igual continuaron con las clausuras", indicó a los periodistas.
Entre el pasado año y parte de 2014, el SIN clausuró 8.550 tiendas y puestos de venta, según la Ley 317.
Figueroa explicó que los montos de resarcimiento que solicitarán a favor de los gremiales y microempresarios serán discutidos con sus abogados.
Asimismo, destacó que el sector se encuentra ‘tranquilo’ con la decisión a la espera de que a futuro se consensue cualquier acción que involucre al gremio.
"Este es un triunfo para nosotros al igual que el fallo a favor de la tenencia de la sede social, de la ley de extinción de bienes y ahora la anulación de las clausuras", manifestó.
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