Analizan perspectivas de economía boliviana en escenario internacional

“Podría decirse que ningún otro país en el siglo 21, y hasta la fecha, se plantea la cuestión sobre una estrategia de salida del capitalismo neoliberal más concretamente, y con mayor posibilidad de esperanza que Bolivia. Esa esperanza se expresa específicamente en el partido gobernante, el MAS”.

Ése es el punto de partida del análisis que hacen los investigadores y activistas Marcela Olivera (boliviana, Red VIDA) y Chris Williams (estadounidense, Universidad Pace e Instituto Pacer, Nueva York), sobre las perspectivas de Bolivia respecto a lograr trascender el capitalismo.
Sin embargo, el investigador, profesor y escritor argentino, editorialista de La Jornada de México, Guillermo Almeyra, resalta una fundamental limitación tanto de Bolivia como de los gobiernos progresistas del continente para lograr ese objetivo: “Las políticas (actuales) de los gobiernos progresistas no pueden mantenerse, es necesario tocar los intereses de los poderosos”.
“No han tocado sino muy tangencialmente las bases del poder de las oligarquías locales y del capital financiero internacional que controla sus respectivas economías y siguieron aplicando fundamentalmente una política neoliberal a la que agregaron algunas políticas distributivas para sostener el mercado interno y medidas asistencialistas para reducir la pobreza y mantener el consumo”, critica Almeyra.
El intelectual considera que tampoco cuestionaron la renta minera, la renta agraria, el poder de los bancos extranjeros, ni afectaron la propiedad agraria de los grandes terratenientes y agroindustriales vinculados con capitales transnacionales. Y esto es cierto tanto para el caso de Bolivia como para los demás gobiernos progresistas que hoy navegan las turbulentas aguas del denominado “golpe suave”.
Esto lo admitió el propio gobierno boliviano el año pasado, cuando en una entrevista con Jeffrey Webber, la jefa de Gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, María Nela Prada Tejada reconoció que el proyecto del MAS era “aprovechar la posibilidad de crecimiento a través de la explotación de los recursos naturales, con el Estado capturando el superávit y redistribuyendo a los programas sociales y de otros sectores económicos que generen empleo”.
En algunos casos, como en Brasil, analistas consideran que el golpe suave es culpa del propio gobierno de Dilma Rousseff, quien prefirió no meterse con las clases más poderosas y que ahora sufre la embestida de esos mismos sectores. A esto se suma el malestar de los sectores populares que se han visto decepcionados por la falta de transformaciones profundas y por los hechos de corrupción.
De ahí la observación de Almeyra: “Los gobiernos progresistas se encuentran atrapados por una tenaza, un brazo de la cual –las exigencias populares– comienza a apretarlos mientras el otro –el control de las bases de la economía por el gran capital, sobre todo extranjero– aumenta también su presión”.
Y si las cosas son como lo pintan los propios gobernantes de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil (o sea que las tensiones sociales son, al menos en parte, una estrategia de la “derecha” para desestabilizar a toda la región), lo que ocurre en un país puede ocurrir en el país vecino.
Es por ello que lo que muchos han llamado el “fin de ciclo” del progresismo latinoamericano puede resolverse de dos posibles maneras: sucumbir ante el capital extranjero y sus “golpes suaves”, o, como dice Almeyra, empezar a “tocar los intereses de los poderosos”.

Bolivia en la región
Para este año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que Latinoamérica registrará un crecimiento promedio de apenas 0.5%, una de las menores tasas de expansión desde que estalló la crisis hipotecaria (subprime) de 2008. Particularmente en Sudamérica, el FMI ve que Brasil y Venezuela sufrirán una contracción, mientras que Argentina tendrá una mayor desaceleración.
Al contrario, y a pesar de esta extrema debilidad del panorama económico regional, Bolivia seguirá manteniendo altas tasas de crecimiento. Así lo ha anunciado el gobierno de Evo Morales, con lo que concuerdan algunos cálculos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), institución cuyas predicciones para el caso boliviano han sido mucho más acertadas que las del FMI y el Banco Mundial, erradas desde 2011.
Y es que desde que Morales asumió el poder, el tamaño de la economía de Bolivia se multiplicó por cuatro (a una tasa promedio de 5.1% anual). Incluso el año pasado el PIB se incrementó a 32 mil millones de dólares, mientras que el PIB per cápita llegó a la cifra de 3 mil dólares, impresionante para la historia económica de Bolivia.
Según ha explicado repetidamente el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, en parte estos resultados se debe a la política gubernamental de ampliación del mercado interno, tanto a través del incremento sostenido de los salarios, como a través de la ejecución de programas de transferencias en escala masiva (Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy).
Estas medidas han tenido un importante impacto para la reducción de la pobreza extrema: según la Cepal, entre 2005 y 2014 la población en extrema pobreza pasó de 38.3 a 17.8%, la mayor disminución entre los países latinoamericanos. Además, la clase media boliviana se incrementó en aproximadamente 3 millones de personas (30%).
Pero lo que ha permitido al Gobierno implementar esas políticas ha sido innegablemente el fuerte impulso de los altos precios de los hidrocarburos, que combinado con la nacionalización y la ley 3058, incrementaron significativamente los ingresos fiscales de Bolivia.
Un acierto adicional, destaca el economista Ariel Noyola Rodríguez, es el haber mantenido “la inflación controlada y evitar caer en la trampa del déficit fiscal”. Las reservas internacionales se multiplicaron siete veces, superando los 15 mil millones de dólares el año pasado y los 14 mil millones este año.

Horizontes de transformación
Marcela Olivera y Chris Williams consideran que la extracción de recursos naturales “sigue siendo la base de la estabilidad financiera del país, y viene acompañada de ataques a la auto-organización cuando ésta contradice la política del Estado boliviano”.
Para lograr “un movimiento real hacia el socialismo”, dicen, es necesario “alejarse definitivamente del camino capitalista de explotación humana y planetaria intensificada y mostrar al mundo que un camino diferente fuera de la pobreza y la desigualdad es posible”.
En los hechos, esto “significaría no sólo cierta redistribución de la riqueza proveniente de las exportaciones de gas natural, la minería y la industria, sino fundamentalmente reordenar las prioridades sociales y políticas del país”, destacan los investigadores.
En este sentido, Marco Gandarillas Gonzáles, director del hoy “polémico” Cedib (Centro de Documentación e Información Bolivia), reflexiona sobre los problemas del actual modelo económico con un ejemplo acerca de la política minera.
“Exportamos minerales pero compramos herramientas que son mucho más caras para conseguirlos, y ese es el punto de partida para hablar de una política minera. Tenemos que preservar las reservas fiscales que tenemos; tenemos que establecer áreas donde no se pueda hacer minería. De otra manera vendemos minerales baratos y los costos ambientales y sociales son para nosotros”, afirma Gandarillas.
Asimismo hace un llamado a ver la problemática minera como un proceso internacional: “Es necesario que mantengamos conversaciones multilaterales con países como Congo, Colombia y Brasil, por ejemplo, para desarrollar la industria del coltán”, afirma.
Pero Williams y Olivera se preguntan si el Gobierno está concentrando el poder de decisión en las manos del Estado, o por el contrario, compartiéndolo con los sectores que lo llevaron al poder.
“Un verdadero cambio económico requeriría colocar el poder de la toma de las decisiones económicas y políticas con mayor frecuencia y, obviamente, en las manos de la gente, incluso si determinadas políticas puedan ser insuficientes en el sentido inmediato y sujetas a los límites prácticos y político”, afirman.
En estos momentos de confrontación entre el Gobierno y un sector de la sociedad civil (algunas ONGs y medios de comunicación con no poca influencia en la opinión pública), surge la interrogante de si será posible generar un entendimiento mutuo sobre las distintas visiones de país que se tienen, y sobre todo sobre los distintos caminos que se proponen para alcanzar el “vivir bien”.
El exdirigente fabril Oscar Olivera considera que “muchas cosas han cambiado” con el presidente Evo Morales, pero que “sabemos que no han cambiado lo suficiente. La gente no decide; el Gobierno decide”.
También cree que existen nuevas dificultades para que el Gobierno considere puntos de vista alternativos, y que ello requiere formas de lucha distintas a las que los movimientos sociales utilizaron contra los gobiernos neoliberales.
“Es más difícil que organizar contra Gonzalo Sánchez de Lozada o un gobierno militar o neoliberal,” dice Oscar Olivera. “Evo no es como Sánchez de Lozada; es un hermano y un amigo, por sus logros. Entonces es mucho más difícil organizar a la gente”, señala.
Quizás lo más difícil es organizar estas luchas sin que sean instrumentalizadas por la “derecha”, como ocurre hoy en Brasil o Ecuador, donde las demandas de los movimientos sociales son satanizadas por sus gobiernos, empujándolos a los brazos de las “oligarquías”, según términos de Almeyra.

Entre cambios y equilibrios

Pese a los importantes logros sociales del gobierno del MAS, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que el 30% de las personas que se incorporaron a la clase media en los últimos años se encuentra en riesgo de caer de nuevo en la pobreza, bien sea por la pérdida de sus empleos o por desastres naturales.
La vulnerabilidad de esa importante porción de la población converge a su vez con la vulnerabilidad externa que todavía tiene la economía boliviana, debido a sus ataduras, casi intactas, con el capital financiero internacional.
Esta preocupación se torna más actual y urgente ahora que el precio de las materias primas que el país exporta aparentemente se mantendrá a la baja.
La inyección de divisas que generará la recientemente inaugurada planta separadora de líquidos de Gran Chaco, así como la futura inauguración de la planta de urea y amoniaco, serán de gran importancia, pero no está claro si es que (ni cómo) serán suficientes para transformar la estructura económica de Bolivia, tarea aún pendiente para el Gobierno.
De ahí que el economista Ariel Noyola se pregunta hacia dónde se dará el giro. “El dilema del gobierno boliviano está entre salvar el capitalismo con ‘características amazónicas’ a toda costa, a través de políticas de ajuste en contra de los sectores populares, o por el contrario, se decide a desafiar aún más el poder empresarial, construyendo con solidez los cimientos que permitan iniciar un proceso de desarrollo de nuevo cuño”.