Una luz al final del túnel. Mientras el jueves una asamblea extraordinaria de socios y ahorristas de la cooperativa San Luis se ‘atrincheraba’ para intentar recuperar todos sus recursos económicos y prácticamente desahuciaba el plan de liquidación voluntaria presentado por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), ayer la comisión elegida para llevar adelante el proceso decidió abrirse y acelerar la liquidación con tal de no profundizar el problema de miles de afectados.
La primera medida está orientada a beneficiar a alrededor de 3.200 ahorristas que tienen entre $us 1 y 5.000, quienes podrían recuperar sus recursos a partir de la próxima semana, anunció el socio y vocero de la comisión de revisión, fiscalización y liquidación, Tomás Castro.
En segunda instancia, más de 1.400 socios que tienen Depósitos a Plazo Fijo (DPF) también serán sujetos de devolución de sus recursos de manera ordenada, pero aún hay que analizar el asunto con la ASFI. Esto se puede dar fruto de la transferencia de recursos a otra cooperativa o con recursos generados por la recuperación de bienes.
“Vamos a dar preferencia de manera ordenada a los que tienen montos menores y posteriormente el resto”, sintetizó el directivo al aclarar que el tema será definido el próximo martes en una reunión conjunta con la ASFI.
Por otro lado, la comisión cuestionó el hecho de que muchos de los créditos otorgados no tengan respaldo, por lo que aceleran una acción penal en contra de 17 supuestos responsables. La acusación es por asociación delictuosa, estafa agravada y enriquecimiento ilícito.
“Aproximadamente 17 personas serán procesadas, entre ellas se incluye al presidente del club The Strongest, Kurt Emmil Reintsch, pues presuntamente se habría quedado con millones de la cooperativa y ha dejado a muchas personas en la calle. Hemos solicitado a la Fiscalía que impulse la acción penal y luego se determine el embargo y anotación preventiva de bienes y arraigo de todos los procesados”, agregó Castro.
Por otro lado, expresó su preocupación por la ausencia del actual gerente general Daniel Fernández y el presidente del Consejo de Administración, Lucio Mercado, quienes se comprometieron en cooperar en el proceso de liquidación; sin embargo, ayer no fueron encontrados en sus oficinas.
EL DEBER buscó a la directora de la ASFI, Leny Valdivia, y al director jurídico Javier Hinojosa; no obstante no pudieron ser contactados hasta el cierre de edición.
Al respecto, el senador masista Isac Ávalos pidió ayer al resto de los administradores de las cooperativas cerradas que manejen de forma transparente los recursos de la gente, pues el Estado no cubrirá ninguna quiebra.
Por su parte, la diputada Yesica Echevarría calificó de drástica la decisión de Valdivia e indicó que elevará un informe al propio presidente Evo Morales con el objetivo de que conozca en detalle la situación de la San Luis.
Norma rígida para cooperativas
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) aprobó el 29 de agosto del presente año un reglamento para intervenir, disolver, liquidar, clausurar y cerrar cooperativas societarias sin licencia de funcionamiento.
El documento dispone que la liquidación podrá ser voluntaria, cuando los socios autoricen el cierre, o bien forzosa, mediante la declaratoria de quiebra, según el Código de Comercio.
La norma es de cumplimiento obligatorio para las entidades que no iniciaron el proceso de incorporación al ámbito de supervisión de la ASFI o que sí comenzaron el trámite respectivo, pero que no concluyó. No obstante, la ASFI no aclara la real situación ni el número de entidades que funcionan de manera ilegal.
Hoggier Hurtado, presidente de la Federación de Cooperativas de Santa Cruz (Fecacruz), indicó que el reglamento es una normativa que la ASFI necesitaba emitir.
“Ya existía un reglamento para las cooperativas abiertas y era necesario tener uno para las cooperativas societarias. De ahí que la ASFI requería de un instrumento legal que le permita llenar ese vacío. En ese marco, no vemos la normativa como una amenaza para el sector, y tampoco significa el cierre de las cooperativas”. Consultado sobre las entidades que pueden verse afectadas, dijo que probablemente sean 321, las que recientemente publicó EL DEBER.
Hay que destacar las alternativas
Vicente Cuéllar | Exdirector de Inalco
En primer lugar, los dueños de la cooperativa son los socios, ellos deben decidir qué hacer. Segundo, mediante una auditoría especial debe determinarse con qué cuenta la entidad en este momento.
El hecho de que ingrese a un proceso ordenado de liquidación de ninguna manera garantiza la devolución total de recursos. Obviamente lo ideal es que se devuelva toda la plata a ahorristas y socios.
El hecho de que ingrese a un proceso de liquidación forzosa tampoco constituye una garantía de devolución de dinero a los ahorristas y socios.
No obstante, hay que destacar los mecanismos y alternativas para pagar a los afectados.
Si se consigue plata del sistema cooperativo para pagar los recursos, bienvenido.
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