El Gobierno descartó a 880.629 jubilados del país el beneficio del decreto 1802, denominado "Esfuerzo por Bolivia”¨, que estableció un segundo aguinaldo de fin de año pagadero hasta el 31 de diciembre.
El ministro de Economía, Luis Arce, aclaró en Palacio de Gobierno que el decreto “solamente beneficia a los trabajadores activos”. “Ellos (los rentistas) cuentan con la Renta Dignidad”, sostuvo. De acuerdo al proyecto de presupuesto del 2014, el Gobierno destinará Bs 2.624,9 millones para atender a ese número de beneficiarios del bono anual de carácter no contributivo.
“VENDEN Y GANAN MÁS”
“Como en ninguna gestión anterior, el Gobierno nacional ha otorgado créditos al 6 por ciento con 12 años de plazo a la micro y pequeña empresa mediante el Banco de Desarrollo Productivo creado el 2006”. Según justificó Arce, este sector ha contado con el apoyo del Estado. Recordó que la administración del presidente Evo Morales ha generado los fondos que benefician al productor aportando con el 50 por ciento de la garantía exigida por las entidades de crédito para constituir el aval correspondiente. El presidente de la Confederación de Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Víctor Ramírez, advirtió este miércoles que muchas micro y pequeñas empresas podrían cerrar sus operaciones con la disposición gubernamental del segundo aguinaldo. Ramírez sostuvo que este sector genera el 83 por ciento del empleo privado informal en el país.
“Hemos sido nosotros los que hemos incentivado el crecimiento de la micro y pequeña empresa en el país a tal punto que el 2005 habían un par de bancos especializados mientras que el resto nunca se dedicó a financiar este sector”, manifestó Arce en referencia a la Ley de Servicios Financieros que genera nuevos productos crediticios para este sector.
“Debe quedar claro que quien ha incubado a las empresas es el Gobierno actual, producto de la política de redistribución del ingreso que ha beneficiado con créditos y del efecto multiplicador haciendo crecer a la micro y pequeña empresa. “Están vendiendo y creciendo cada vez más por el aumento de la demanda interna del país”. “Como se han beneficiado, deben ahora aportar en el proceso redistributivo”, aseveró. Dijo que muchos de estos establecimientos son talleres que no tienen empleados y no hay, por tanto, el pago formal de un salario. “Hacen contratos informales y los trabajadores son a destajo sin que haya una relación obrero patronal, pero tienen capacidad para cumplir con el decreto”, insistió.
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