La implementación de las nuevas leyes de bancos y de empresa pública, además del decreto que instruye el pago del doble aguinaldo está generando un ambiente de temor, incertidumbre e inseguridad jurídica en las empresas públicas y privadas del país, advirtieron analistas económicos y empresarios nacionales.
Las tres medidas, sin embargo, no deberían generar inseguridad jurídica, temores, ni incertidumbre en las empresas, por el contrario, sí motivan la competitividad y generan una adecuada competencia entre públicas y privadas, pueden fortalecer la base productiva de la economía boliviana, coincidieron los economistas Luis Pablo Cuba, Carlos Hugo Barbery y el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, Jaime Ponce.
Respecto a los alcances de la ley de bancos, Cuba dijo que reajustará todo el sector financiero en el manejo de las tasas de interés activa y pasiva, tanto para personas particulares como para entidades empresariales públicas o privadas que las requieran.
Lamentó que esos recursos financieros en los últimos años se hayan dirigido a incrementar el comercio de bienes (creación de más empresas comerciales) y no a fortalecer la base económica productiva.
Refirió que el país requiere una ley de inversiones para atraer capitales hacia los sectores más dinámicos de la economía nacional. “Generar inseguridad jurídica puede limitar la presencia de inversiones futuras, que son todavía bajas comparadas con América Latina
Barbery, por su parte, sostiene que todas las empresas (públicas y privadas) a excepción de las empresas del sector financiero, tendrán por la nueva ley mayores facilidades de acceso al crédito, dependiendo el rubro, o por mejores tasas, o por celeridad en los trámites o por el tipo de garantías que en ciertos sectores se han flexibilizado un poco. Advirtió que los bancos y entidades financieras, principalmente las pequeñas cooperativas, deberán esforzarse por adaptarse a la nueva realidad.
Sobre el impacto del doble aguinaldo el economista Carlos Schlink Ruíz dijo que su pago no programado resulta peligroso para las empresas, porque podría generar cierre de unidades productivas, desempleo e inflación, similares a Venezuela.
Al respecto las empresas y las universidades públicas y privadas sostienen que tendrían que reducir personal y realizar ajustes para sobrevivir; los trabajadores de ambos sectores defienden la medida y el Gobierno fundamenta su cancelación informando que los empresarios ganaron 4.111 millones de dólares en 2013.
Schlink refirió que por cada 2.000 millones que se introducen en la economía , la inflación se incrementa en 1 por ciento y que tomando en cuenta los 2 aguinaldos, los sueldos y salarios del sector público y privado de noviembre y diciembre, los gastos de instituciones públicas que aceleran la ejecución presupuestaria y la importación de mayor cantidad de artículos, la inflación a diciembre podría bordear el 9 por ciento.
El ministro de Hacienda, Luis Arce Catacora, dijo que el pago del doble aguinaldo demandará 380 millones de bolivianos en beneficio de 400 mil trabajadores del Estado. En el sector privado el economista Shlink estimó que se requieren alrededor de Bs 3.000 millones para 1,6 millones de empleados en base a los datos del INE y la encuesta de hogares.
Según el presidente de la Confederación de Empresarios Privados, Daniel Sánchez, las micro, pequeñas y medianas empresas temen lo peor porque no saben si lograrán pagar el doble beneficio para sobrevivir o sencillamente cerrar operaciones.
Sobre la ley de empresa pública, que aún no fue aprobada por la Asamblea Legislativa, el analista económico Julio Alvarado dijo que el Gobierno de Evo Morales pretende consolidar la participación del Estado en la economía nacional, generando riqueza y empleo a costa de una competencia desleal con el sector privado.
Sostuvo que empresas públicas, sean nacionales, departamentales o municipales, tendrían que satisfacer las necesidades, generar ganancias y realizar innovaciones.
Domésticas
Las trabajadoras del hogar o empleadas domésticas que cumplan la media jornada laboral, es decir cuatro horas diarias, podrán acceder al pago del segundo aguinaldo hasta el 28 de febrero de 2014, como fecha límite.
“Hay empleadas que trabajan medio tiempo, cuatro horas por día, esto se cuenta como media jornada a la semana. Estamos hablando de 20 horas (semanales) y este tipo de trabajadores también tienen derecho de acceder al doble aguinaldo”, informó el director general de Trabajo Félix Rojas.
Empresas públicas
Con la proyectada ley de empresa pública, el Gobierno persiste en el error histórico de involucrarse en actividades muy propias del sector privado y donde el Estado ha demostrado ser totalmente ineficiente, al convertirse en botín político, coincidieron el analista económico Iván Arias y el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, Jaime Ponce.
Arias sostuvo que a cinco y cuatro años de haber sido constituida una mayoría de las empresa públicas, demostraron ser ineficientes porque no producen papel, cartón, azúcar, ni cemento.
Ponce agregó que al ser subvencionadas por el Estado, mediante partidas presupuestarias del Tesoro General de la Nación, las empresas públicas representan una competencia desleal con la iniciativa privada.
“Lo que busca el Gobierno con esta ley es legitimar la no rendición de cuentas de recursos recibidos, cuando nadie sabe dónde están esos recursos, en qué se han invertido y qué resultados han obtenido”, sostuvo Arias.
SEGÚN EL SOCIÓLOGO HENRY OPORTO
“Leyes de minería y de inversiones están en el limbo”
La ausencia de las leyes de minería y de inversiones genera incertidumbre y una serie de perjuicios para las empresas privadas, públicas y cooperativas del país, que no pueden planificar ni desarrollar sus actividades por la carencia de un marco jurídico, definido, claro y estable para la actividad minera, advirtió Henry Oporto, sociólogo experto en minería.
Refirió que la industria minera “está en una especie de limbo jurídico legal”, justamente por la falta de acuerdos y consensos sobre el contenido y alcances de la nueva ley minera, que en el terreno práctico está generando conflictos de avasallamiento y ausencia de inversiones en exploración y explotación de minerales.
“Hay necesidad de una ley minera. Sí; pero lo recomendable es que la nueva ley cuente con el respaldo y consenso de todos los sectores mineros, caso contrario será constada, rechazada e incluso invalidada”, comentó.
La Federación de Cooperativas Mineras denunció que el Gobierno alteró cerca del 95 por ciento de la proyectada ley que fue consensuada, por los tres actores mineros, y entregada en julio al ministro de Minería, para su posterior tratamiento y aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“La ley consensuada ha sido perforada, degollada, es decir están matando a todos los actores mineros, casi todo lo han cambiado, hasta un 95 por ciento lo han cambiado”, manifestó Alejandro Santos, presidente de la Fencomin.
A diferencia de los empresarios privados del país, que apuestan por una ley de inversiones que defina con claridad las reglas de juego económico y financiero, garantice la propiedad privada, y seguridad jurídica, Oporto puso en duda la aprobación de la proyectada ley.
“Yo no sé cuánto le va aportar al país y al sector privado una ley de inversiones, cuando el Gobierno está aprobando otras leyes de carácter sectorial. Hubiera sido distinto que primero apruebe una ley de inversiones y luego leyes sectoriales como las de minería, hidrocarburos y de bancos, por ejemplo”, sostuvo.
Agregó que aunque haya una nueva ley de inversiones, el Gobierno no hace caso de las mismas, e igual expropia empresas, las nacionaliza o revierte concesiones. “No creo que una ley de inversiones pueda proporcionar la seguridad jurídica que el sector privado está buscando, porque el Gobierno no confía en la valides de las leyes, no tenemos Estado de derecho, no tenemos un poder judicial que haga respetar el poder de las leyes”, sostuvo.
ENTREVISTA
Gary Antonio Rodríguez. Gerente General del Instituto Boliviano de Comercio Exterior
2014: se abren incógnitas económicas
Los efectos de las buenas o malas decisiones -leyes, decretos, reglamentos, etc.- que se adoptaron en la gestión que concluye, se verán en el 2014. Con la Ley de Empresas Estatales, ha abierto una gran incógnita sobre cómo afectará ello a las condiciones de competitividad para las empresas privadas y públicas, si bien la experiencia dice que éstas últimas siempre podrán ser socorridas por el Estado con los impuestos que paga la ciudadanía, más allá de lo que diga el mercado, lo que no ocurre con las segundas.
Mientras la empresa privada debe financiar su giro con recursos propios o pagar intereses por préstamos, asumir riesgos no sólo de índole económico o comercial, sino de carácter político y social, además de la inseguridad jurídica que hay en ciertos rubros, el escenario es diferente para la empresa estatal, pues el capital lo coloca el Estado, y el crédito y el riesgo que corren son más bajos comparados a los del empresariado privado. Así, las empresas públicas gozan de ventaja frente a las privadas, cuando lo correcto sería que compitan en igualdad de condiciones con el sector privado, para ver si son eficientes y contribuir al desarrollo del país.
En cuanto a la Ley de Servicios Financieros, es poco lo que podrá afectar a las empresas públicas siendo que tienen su propia fuente de financiamiento, sin embargo, ello significará un mayor control para la banca privada por la regulación de las tasas de interés que ya no serán fijadas por la demanda y la oferta, sino por el Gobierno, con lo que la calificación de Bolivia en materia de libertad económica caerá en el rubro de libertad financiera.
Respecto al doble aguinaldo, es probable que Bolivia crezca más del 4,5 por ciento como prevé la CEPAL, por lo que tales empresas tendrían que pagar, lo que no representará un problema porque “del mismo cuero salen las correas”. Lo que sí habrá que prever es que este nuevo gasto pueda devenir en un aumento de precios, endeudamiento y reducción de personal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario