Modificaciones al Régimen Simplificado

En la mayoría de los países la implementación de regímenes especiales de tributación para los pequeños contribuyentes no tuvo la finalidad primordial de recaudar, pero sí respondió a la necesidad de la administración tributaria de incorporar a la formalidad a un importante sector informal de la economía.

En este sentido, en Bolivia se dispuso el Régimen Tributario Simplificado (RTS) para la liquidación y pago unificado de los impuestos IVA, RC-IVA e IUE, de las personas naturales que tienen habitualmente actividades de artesanos, comerciantes y vivanderos. Para pertenecer a este régimen, el capital que está destinado a la actividad debe estar comprendido entre Bs 12.000 hasta un máximo de Bs 37.000, existiendo la disputa entre Gobierno y gremiales de subir el rango hasta Bs 70.000 o de lo contrario el inicio de medidas de presión.

De atender en mayor o menor medida el requerimiento gremial, debiera también corresponder en cualquier acuerdo la revisión de las cuotas fijas pagadas mensualmente, cuidando que no sean extremadamente bajas, y por otro lado la implementación de medidas de control como la utilización de parámetros o magnitudes físicas de fácil constatación visual en el lugar.

Por ejemplo, la superficie afectada a la actividad, energía eléctrica consumida, valor de los activos, cantidad de empleados, valor del inventario, valor de las compras efectuadas, etc.

Asimismo, no debiera descartarse el cruce de información del movimiento financiero con los contribuyentes registrados en el régimen especial, en búsqueda de inconsistencias que posibilitaran la exclusión de responsables indebidamente categorizados y su fiscalización individualizada, que en otros países resultó muy efectivo a través de la creación de unidades específicas que aseguraron un trabajo coordinado.

Acciones de mayor control podrían minimizar la problemática de los contribuyentes de importante nivel económico que se hacen enanos fiscalmente para aprovecharse fraudulentamente de los beneficios fiscales que conlleva el régimen simplificado. Sin embargo, para ello el Gobierno deberá asumir el costo político que significa controlar a este sector.