Denuncian posible red de extorsión en una mutual

El Ministerio de Gobierno informó ayer que la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda La Paz denunció la posible actuación de una red de extorsión que involucra a la abogada Paola Barriga y a uno de sus colegas, que se hace pasar por funcionario de esa cartera de Estado.
"De acuerdo con la denuncia remitida el 9 de junio de 2014, Mutual La Paz detectó irregularidades dentro de las acciones de defensa del derecho propietario de un predio en la Urbanización Los Pinos, de La Paz”, remarca un boletín institucional. El documento establece que se evidenció que Barriga y una persona identificada como Wilson Róger Serrano Goytia, supuestamente asesor externo del Ministerio de Gobierno, en una de sus acciones abordaron un vehículo Jeep, con placa 2251 DYD, que exhibía en su parabrisas una solicitud de circulación irrestricta y estacionamiento momentáneo.
"Dicho actuar pone en evidencia que a nombre del Ministerio de Gobierno, una exabogada de dicha institución y el señor Wilson Róger Serrano Goytia estarían influenciando en las decisiones y determinaciones de autoridades de la Policía, Fiscalía y Tribunal Departamental de Justicia”, dice la denuncia de Mutual La Paz.
El Ministerio de Gobierno verificó la información y estableció que Serrano Goytia nunca fue funcionario y menos asesor externo de esa repartición de Estado. También evidenció que la supuesta certificación emitida para la circulación de dicho vehículo no corresponde al libro de control que tiene esa repartición, por lo que se determinó presentar la denuncia respectiva ante el Ministerio Público el 10 de junio, por uso de instrumento falsificado.
El caso es de conocimiento del fiscal Carlos Fiorilo Cruz, quien a efectos de determinar responsabilidades, el 11 de junio, emitió una orden de secuestro del vehículo señalado, subraya el boletín institucional. La abogada Paola Barriga Machicao fungió como apoderada legal del Ministerio de Gobierno entre el 6 de diciembre de 2012 y el 5 de abril de 2013. Asumió ese cargo luego de que los abogados Fernando Rivera, Boris Villegas y Denis Rodas fueron denunciados por el ministro Romero.