Una adecuada orientación de los créditos del sistema financiero pasan por la elaboración de una normativa que otorgue una mayor seguridad jurídica al sector privado y genere incentivos para la inversión privada productiva, uno de esos instrumentos es la Ley de Inversiones, afirma la Fundación Jubileo.
Tomando en cuenta que el sistema bancario nacional tuvo una evolución importante, tanto en lo referente a los depósitos (ahorros), como a la cartera (créditos) en los últimos siete años; y que los depósitos en el sistema financiero aumentaron significativamente, de un monto de 3.711 millones de dólares, en 2005; a 10.805 millones de dólares, en 2011; esto refleja la mayor liquidez de la economía en los últimos años.
Con relación a la cartera o préstamos, éstos también se incrementaron debido al aumento en los depósitos de 3.360 millones de dólares, en 2005; a 8.499 millones de dólares, en 2011.
Las actividades que canalizan los créditos son principalmente cinco: En primer lugar está el comercio, con 29%; le sigue servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler (incluye bienes inmuebles, alquiler de maquinaria y equipos de oficina, servicios profesionales y otros), con 23%; luego está la industria manufacturera, con 14%; construcción, con 14% y otras actividades de servicios (transporte, almacenamiento, comunicación y otros), con 9%.
Llama la atención el porcentaje canalizado a la actividad agropecuaria, que solamente llega a 5% del total.
"Si bien la canalización de créditos entre las distintas actividades depende de diferentes políticas —como ser el marco normativo para bancos y entidades financieras— , también obedece a las oportunidades de negocio que se tenga en los diferentes sectores y actividades", observa Jubileo.
Agrega que si una determinada actividad o sector ofrece "un ambiente seguro para las inversiones y buenas perspectivas de rentabilidad, (entonces) los ahorros de la economía serán canalizados a estos sectores; de lo contrario, los recursos se orientarán a actividades más seguras como la construcción y el comercio, como actualmente sucede".
De la misma manera, reconoce que las entidades financieras conceden créditos al sector agropecuario con garantías reales, como ser hipotecarias, prendarias sujetas a registro, que posibilitan a la intermediación financiera una fuente alternativa de pago.
Pero, da cuenta que "en el caso del sector agrícola, existe riesgo crediticio debido a la inseguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra y esto origina que sea más difícil dar un crédito".
Finalmente, señala que los créditos otorgados al sector agropecuario dependen de varios factores, "como ser ciclos productivos, precios, rendimientos, factores de producción e incidencia de factores climáticos o desastres naturales, por lo tanto, requieren políticas de tratamiento preferenciales y de apoyo".
En definitiva, señala que "se pone de manifiesto la necesidad de trabajar en la elaboración de una normativa que otorgue una mayor seguridad jurídica al sector privado y genere incentivos para la inversión privada productiva, uno de esos instrumentos es la Ley de Inversiones".
ANF
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