Mario Guillén, viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, indicó que entre ambas AFP la deuda que tienen las empresas llega a los $us 100 millones y remarcó que hasta la fecha no encuentran la llave para que las AFP se vayan, pero sin dejar sus malas prácticas en el tema de cobro.
“Esa deuda está en juicio y la clave es que todo lo que se está cobrando sea bien cobrado”, remarcó Guillén.
El funcionario subrayó que este es uno de los principales motivos para que la Gestora Estatal no entre en operación y administre los recursos de los aportantes bolivianos para su jubilación, que suman unos $us 9.000 millones.
Guillén hizo notar que en la actualidad hay 6.000 procesos judiciales y cada uno de los casos tiene entre 20 y 30 carpetas por lo que se debe estudiar muy bien cada uno de ellos para ver si es posible recuperar el dinero de los aportantes.
Las reacciones
Al respecto, Ronald Nostas, vicepresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), indicó que es necesario conocer a fondo el informe del Gobierno y cuáles son las empresas a las que hace referencia. Sin esto, a decir de Nostas, brindar una declaración es una imprudencia.
A su vez, Gabriel Dabdoub, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc) y extitular de la CEPB, sostuvo que para evitar la mora es importante cumplir con la ley, dado que las retenciones a los trabajadores son sagradas, pero a su criterio hay empresas, sobre todo medianas y pequeñas, que incumplen con las normas por falta de conocimiento y porque no cuentan con un sistema administrativo adecuado.
El empresario señaló que hay muchas ideas para encontrar salidas técnico-administrativas, a tiempo de puntualizar que lo importante es concertar principios básicos, como motivar a las empresas a regularizar su situación sin afectar con sanciones excesivas su patrimonio y su capacidad operativa, promover un saneamiento que incluya criterios como el tamaño de la empresa y la intención de adecuarse a la norma.
“En definitiva, entender que algunas veces la justicia verdadera puede no ser idéntica a la norma escrita”, dijo.
¿Qué dicen los asalariados?
Iver Peña, secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz (COD), indicó que esta situación se debe a malos empleadores, que en su momento impidieron la creación de sindicatos para así evitar la fiscalización de los aportes.
Peña pidió al Gobierno que haya una sanción para todas las empresas deudoras y solicitó a las AFP que tomen acciones legales con las empresas deudoras.
Mientras Feliciano Carrillo, secretario de Relaciones de la COD, sostuvo que la noticia no es nueva, pues ya habían realizado distintas denuncias por estas irregularidades y destacó la tarea del Gobierno por tratar de cobrar a los morosos y pidió un seguimiento a las empresas observadas.
El destino de los aportes
Otra de las piedras para que el Estado se haga cargo de los aportes jubilatorios era determinar cómo y dónde invertir.
Al respecto, Guillén dijo que el tema ya está consensuado con la COB y adelantó que este mes se promulgará el decreto en el que se indicará los máximos de inversión.
El viceministro sostuvo que el 5% ($us 450 millones), de los $us 9.000 millones que hay en la cartera del fondo de ahorro previsional -ex Fondo de Capitalización Individual (FCI)- se puede destinar a las pymes que están registradas en la Bolsa Boliviana de Valores (BBV) y que otra de las novedades es que si una pyme necesitaba $us 100.000 debía pagar $us 10.000 por una calificación de riesgo; ahora eso ya no es necesario.
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