Por día, al menos un anciano es despojado de sus bienes o rentas

“Los hijos se adueñan de nuestro terreno y tienes que caminar como una guagua mendigando a los hijos. El que quiere nos dará y el que no, no dará ni un centavo, más bien en vez de darnos, lo poco que tenemos de renta tienen que quitarnos...”.Éste es un testimonio de una adulta mayor recogido en un estudio publicado por la Defensoría del Pueblo y HelpAge Internacional:

“Levantamiento de información sustantiva sobre los derechos de las personas adultas mayores en Bolivia”, de 2011.

El derecho al uso, goce y disposición de bienes y el derecho a la propiedad agraria o comunitaria son los más vulnerados de este grupo poblacional (ver cuadro en la página siguiente); 192 casos comprobados de un total de 814 en el primer semestre de 2014, uno por día en promedio, reportó la Defensoría. La violación de ambos derechos sufrió una drástica elevación, de 118 a 299, 153% más, entre 2010 y 2013.

A esas dos formas de expoliación, se suma la apropiación de sus rentas y beneficios, sostiene la Plataforma de Atención Inmediata al Adulto Mayor (PAIAM) del Gobierno Municipal de La Paz, que recibe diez denuncias de despojo al mes en promedio de un universo de 120 a 130.

“La mayoría de los casos entran por violencia, pero a medida que se hace la investigación se descubre que había sido por la propiedad”, comentó una funcionaria de la PAIAM, situada en la planta baja del mercado Lanza.

El despojo viene acompañado casi siempre del abuso de confianza y del chantaje emocional.

“Los hijos les hacen firmar documentos en blanco o poderes, con los cuales se transfieren la propiedad a su nombre. Van donde los abuelitos y les dicen que no tienen plata para sus nietos y ellos tienen que darles nomás de sus rentitas. También recurren a la violencia, les intimidan y les hacen firmar documentos con amenazas o por la fuerza”, agregó.

Éste es el caso de una mujer que le otorgó un poder a su hijo para trámites varios, pero él sin conocimiento de su madre se hizo una autotransferencia de un inmueble situado en la plaza Villarroel de la ciudad de La Paz.

“La señora acudió a la plataforma, hemos procedido a orientarla y pudimos constituir pruebas. Estamos solicitando la nulidad de esa escritura pública, hay involucradas autoridades públicas (notario) que han dado fe a un documento sin haber cumplido los requisitos. Después, procedería la nulidad en Derechos Reales”, explicó el abogado de la PAIAM.

La anciana fue expulsada de su casa y para retornar tendrá que esperar a que termine el proceso civil. “El despojo es un proceso privado, la mayoría de las instituciones públicas no tiene atribución para resolver este problema; sin embargo, somos una instancia para constituir prueba vía informes sociales y psicológicos”, añadió. Pero el tiempo juega en contra de los ancianos. Los procesos judiciales son sumamente largos, “porque no existe en el acceso a la justicia celeridad en los procesos” y mientras se sustenta, a menudo llega primero la muerte, comentó Marco Lucero, responsable Nacional de Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Defensoría.

Un proceso por despojo puede demorar entre cinco o diez años, igual en el caso de tierras, esto por los plazos del Código Civil y la ley agraria, agregó.

Cuantos más años tiene un adulto mayor, más elevada es la vulnerabilidad, aunque si padece Alzheimer o Parkinson aun con 60 estará indefenso.

Un adulto mayor es una persona de 65 o más años. En Bolivia hay 612.014, lo que representa el 6,12% de la población, además el 75,18% es analfabeto.

Sin embargo, la Ley General de las Personas Adultas Mayores —Ley 369 aprobada en 2013— considera adultos mayores a quienes cumplieron 60 o más años.

“Los adultos mayores son víctimas de maltrato o violencia psicológica del entorno más cercano. Hijos y parientes hacen una especie de círculo cuyo fin último es la expulsión de la casa y el despojo de sus bienes y rentas”, relató Teófila Guarachi, representante de la Mesa Defensorial del departamento de La Paz.

¿De qué argucias se valen para conseguirlo? “Les hacen firmar documentos en blanco, algunos no saben firmar, entonces les hacen poner sus huellas digitales”.

Y para ejemplificar el grado de esta forma de abuso contra los adultos mayores en Bolivia, Guarachi informó que entre enero y agosto de 2013 la plataforma de atención a este grupo vulnerable en El Alto atendió 1.408 casos de diversa índole, de los que 259 corresponden al despojo de bienes (18%).

En el área rural, la situación es más complicada. Pedro V. V., de 86 años, poseedor de un predio de 30 hectáreas, adquirió 45 hectáreas más. La comunidad no reconoció esta compra, le acusó de avasallador y destruyó su casa.

Se instaló un proceso en la justicia indígena originaria que terminó desconociendo su derecho propietario, declarándolo persona no grata, por lo que no puede volver al pueblo. Por acudir a la justicia ordinaria, sus hijos fueron echados de la comunidad.

Un amparo constitucional ordenó la devolución de su propiedad, pero los beneficiarios no se animan a volver porque temen por su vida.

“Estamos haciendo un trabajo con el Ministerio de Justicia para hablar con las autoridades y hacerles conocer los límites, la justicia originaria campesina no puede llegar al extremo de violar los derechos de las personas”, dijo Guarachi.

La Ley de Deslinde Jurisdiccional —artículo 5, parágrafo III— establece que “las autoridades de las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas deberán respetar los derechos humanos de las personas adultas mayores, no pudiendo ser despojadas de sus tierras o bienes por ninguna persona, institución o autoridad, por causas o argumentos referidos al incumplimiento de deberes comunales como cargos, aportes, trabajos comunitarios, función social de la tierra u otros (...)”. Pero en los hechos, eso no se cumple.

Para elaborar el informe “Levantamiento de información sustantiva…”, la Defensoría y HelpAge entrevistaron a autoridades indígena originarias. El 57% dijo que “no suele presentarse el despojo de tierras y que si la persona está muy avanzada en años, las autoridades del lugar suelen acordar con los hijos o parientes que se hagan cargo de sus tierras”.

Sin embargo, “las opiniones y percepciones de las personas adultas mayores ante el trato que reciben en sus comunidades de origen —dice el estudio— muestra que sus derechos son vulnerados constantemente y en muchos casos por sus propios hijos”.

Lucero, de la Defensoría, explicó que cuando una parcela ya no cumple la función económica social por la edad del propietario, las autoridades originarias disponen que sean sus hijos los que se encarguen de la labranza y cumplan con las obligaciones comunales.

El funcionario defensorial puso sobre la mesa un cuarto problema: inquilinos y anticresistas que abusan de los ancianos y no pagan el alquiler o los servicios, aquellos que se resisten a dejar la casa y hasta quienes recurren al asesinato.

Manos teñidas con sangre de los abuelos

Daymira Barriga

La noche del 13 de enero, en su casa de Villa Tejada Triangular de El Alto, fueron asesinados Jamhamhur King Hur, de 74 años, Mihuar Cristy Hur, de 23, y Deaail, de 3 años. Sus cuerpos, hallados 30 horas después, presentaban múltiples cuchilladas y para asegurar su deceso, los criminales les cortaron el cuello.

La investigación concluyó que Jongsu H. J., de 20 años, nieto del empresario coreano-boliviano, planeó junto con Kabell Randy F. y Sharbeck A. su muerte para robarle una vagoneta y dinero en efectivo. El primero en morir fue el anciano, su nieto le sujetó los brazos para evitar que se defienda. Jongsu H. J. venía robándole pequeños montos de dinero, por lo que ya había sido expulsado del hogar.

El 14 de abril, en la ciudad de La Paz, Ana O. N., de 30 años, hija de la dueña de una vivienda situada en la calle 8 de Bajo San Antonio, mató con una cuchillada en el cuello a Wílber Zapata Ortuño, de 60 años, quien había tomado un departamento en anticrético. La hija de la víctima explicó que la propietaria estaba molesta con su padre porque hizo anotar el anticrético de $us 15.000 en Derechos Reales.

El 8 de noviembre de 2012, Martha C.M., de 54 años, fue presentada como la principal sospechosa del asesinato de Blanca Nacif viuda de Villalobos, de 66 años. La presunta criminal era “amiga de la víctima” y la mató para quedarse con su departamento en la urbanización Los Pinos, bloque 39, piso 2.

“Los criminales partieron del supuesto de que la occisa era una persona sola, consiguientemente su eliminación física habría facilitado la apropiación de sus bienes”, dijo entonces el titular de Gobierno, Carlos Romero.

Crueldad. Nacif fue asfixiada en su domicilio. Allí la desmembraron con una amoladora manual. Se presume que la data de la muerte era de 20 a 30 días.

El 11 de julio, en Potosí, la casa de los comerciantes Viviana Sanabria Soliz, de 60 años, y Segundino Vela Zambrana, de 65, fue asaltada por seis encapuchados, quienes les apalearon y robaron $us 162.335.

La mujer murió y el hombre quedó gravemente herido. La hija adoptiva de la pareja y su enamorado planificaron el atraco y contrataron a una pandilla para ejecutarlo. Ella les dio llaves y les indicó dónde sus padres tenían guardado el dinero.