En este momento existen 67 cooperativas de ahorro y crédito en proceso de adecuación y deben regularizar sus trámites para que puedan operar en el país, mostrando previamente la responsabilidad en el manejo de fondos.
Lo sucedido con la cooperativa San Luis puso en alerta al Estado que, a través de ASFI, intenta ahora dar credibilidad a estas instituciones y regularizar su funcionamiento.
Al referirse a las cifras de 311 cooperativas cuyo dato apareció en primera instancia en los medios, explicó que son aquellas que solicitaron su funcionamiento desde hace varios años y que por falta de operatividad dejaron de funcionar y por lo tanto se borraron sus registros.
ASFI es la institución del Estado, encargada de regular y supervisar el funcionamiento de las entidades bancarias, cooperativas, mutuales, fondos financieros y entidades que operan con valores y seguros, las que conforman el Sistema Financiero del Estado.
“Los socios de las cooperativas no deben dejar que algunas personan intenten tomar el control de sus cooperativas lo que paso por ejemplo con San Luis. En la Asamblea de socios se debe hacer un efectivo control social”, expresó Lenny Valdivia en una entrevista en el canal estatal.
La autoridad aclaró que sólo el 5% del sistema es de las cooperativas y que de ellas sólo 25 tienen el permiso de funcionamiento y han legalizado su funcionamiento, de manera que desde el 2008 no se emitió ninguna autorización para el funcionamiento de una nueva entidad de esta naturaleza.
Uno de los aspectos que decide este control es que ninguna de estas 67 cooperativas que regularizan su funcionamiento puede abrir agencias en lugares distintos a sus municipios.
Al referirse a la devolución de los aportes de la cooperativa San Luis, Valdivia recordó que se cumple con la primera etapa que es la venta de la cartera y que hay propuestas de algunas de las entidades para hacerse cargo de este cometido. Con esta venta se pagará un 10% del total del dinero ahorrado, luego vendrá la etapa del dinero por cobrar a personas y entidades; enseguida se procederá el juicio coactivo a determinadas personas y entidades y, finalmente, la venta de activos y pasivos.
Valdivia explicó que el Instituto Nacional de Cooperativas que era la entidad reguladora antes de la creación de ASFI no realizaba una supervisión efectiva y que a partir del 2008 se trató de cambiar este estado de cosas.
“Una cooperativa no puede perder su naturaleza social; lo que aconteció con San Luis es que registraba pérdidas desde hace 10 años. ASFI desde el 2009 les fue diciendo que su cooperativa no era viable y por decisión propia decidieron apartarse de las sugerencias que les hicimos”, dijo Valdivia.
Los socios de esta cooperativa criticaron a su turno a Valdivia por no hacer conocer oportunamente y en forma pública esta situación y sólo aparecer en los medios cuando la cooperativa San Luis ingresó en estado de quiebra, lo que muestra que no hacía un efectivo control.
En estos tres años tratamos de superar problemas estructurales y encaramos una serie de acciones para que el socio pueda recuperar la confianza en las cooperativas cuando entregue su dinero”, dijo Valdivia.
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