La falta de cultura financiera en el público boliviano dificulta la lucha del Gobierno contra el “lavado” de dinero, pues la resistencia a llenar el formulario sobre el origen y el destino de las transacciones bancarias impide ejercer control y recoger información, dijo la directora interina de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia.
Valdivia dijo que en Bolivia, al igual que en otros países, se han implementado “umbrales” para el control de la actividad financiera como los establecidos para las transacciones bancarias, el cambio de una moneda a otra y para la recepción de remesas. La normativa señala que se debe llenar un formulario que detalle la procedencia del dinero y el destino que se le dará, este formulario es obligatorio cuando el monto es igual o mayor a los 10 mil dólares, para el caso de las transacciones; igual o mayor a 3 mil dólares, para el caso del cambio de moneda, e igual o mayor a dos mil dólares si se trata de remesas.
“Pero cuando el consumidor financiero va a hacer la transacción y se le pide que declare, se queja, se resiste y genera incomodidad”, dijo. En busca de educar al público sobre la normativa, Valdivia señaló que, el jueves pasado, se lanzó una campaña en radio y televisión destinada a crear conciencia para colaborar brindando información.
Añadió que esa forma de control obedece al cumplimiento de parámetros internacionales como los establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un organismo internacional que establece normas contra el lavado de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo, orientadas a proteger al sistema financiero.
En junio pasado, luego de su última reunión periódica de evaluación, el GAFI mantuvo a Bolivia dentro de su “lista negra”, un grupo de 18 países que tiene deficiencias en sus políticas de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El organismo internacional detectó cuatro áreas en las que el Gobierno debe actuar para superar lo que denomina “deficiencias estratégicas” e hizo llegar una carta con 40 recomendaciones para revertir esa situación.
Al respecto, Valdivia señaló que entre las acciones tomadas por el Gobierno está la asignación de personal para fortalecer la Unidad de Investigación Financiera (UIF), entidad desconcentrada de la ASFI; la capacitación del personal; el fortalecimiento del sistema de intermediación financiera; la dotación de infraestructura adecuada y, desde enero pasado, se cuenta con la asistencia técnica de especialistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) que asesoran en la supervisión “antilavado”.
Para el miércoles 16 de octubre está prevista la próxima reunión del GAFI, en la que se evaluarán los avances logrados desde junio.
En la última plenaria, Ecuador cayó en la “lista negra” y Argentina y Venezuela estaban en riesgo de ser incluidas.
DEFICIENCIAS
Entre las deficiencias halladas con respecto a Bolivia, la última evaluación del GAFI señala que el Gobierno debe garantizar la criminalización del lavado de dinero; tipificar adecuadamente como delito el financiamiento del terrorismo; establecer y aplicar un marco legal adecuado para identificar y congelar activos de terroristas, y establecer una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) operativa y eficaz.
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