La oficina regional del SIN remató un vehículo y tiene en la mira más bienes del Batallón de Seguridad Física (BSF) dependiente de la Policía Nacional, dentro del proceso que le sigue a esta institución por una deuda impositiva de Bs 25 millones. El BSF ha cuestionado dicha deuda en los estrados judiciales y advierte que de continuar la medida se pone en riesgo el patrimonio de la unidad policial consistente en 18 vehículos entre camionetas y motocicletas y seis bienes inmuebles. La Sala Civil Primera de Santa Cruz rechazó un amparo constitucional que buscaba poner freno al SIN y ahora se apeló ante el Tribunal Supremo en Sucre.
Es contradictorio. El comandante del BSF, teniente coronel Gonzalo Medina Sánchez, explicó que la Sala Civil avaló su determinación amparada en el Código Tributario que prohíbe la modificación de las resoluciones de Impuestos Internos. Sin embargo, la Constitución Política del Estado, en su artículo 339, establece que los bienes del Estado son inembargables. "Si bien el Código Tributario prohíbe la modificación de las resoluciones de Impuestos Internos, la Constitución Política del Estado, que está por encima de esa Ley o norma, establece la inembargabilidad de los bienes del Estado", aclaró el jefe policial.
El conflicto tributario se inició el 2007 cuando los Batallones de Seguridad Física Privada pasaron al escalafón único policial de sus miembros y transferencias de activos y pasivos a la Policía Boliviana (Resolución Suprema Nro 227336 de fecha 21 de mayo del 2007). Según Medina, a partir de ese año (2007) los integrantes del BSF pasaron a filas de la Policía Boliviana como servidores públicos y con remuneración del Estado. "El art. 339 establece que los bienes del estado no se pueden transferir si no hay una Ley", puntualizó.
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