Hay claras señales de un giro en la economía. Y están relacionadas con el cierre del ciclo de bonanza o de vacas gordas, que abre un período de vacas flacas.
No es casual que el Gobierno haya confirmado una reducción de más de 3.000 millones de dólares en las exportaciones, que está vinculada con la caída de las cotizaciones internacionales del petróleo y de otros commodities. Adicionalmente, la economía china, que fue la locomotora del crecimiento global, no presenta signos de recuperación, lo cual hace prever incluso un escenario recesivo, en particular en los mercados de países que exportan materias primas.
Las últimas lecturas de los fundamentales de la economía boliviana de la CEPAL, el FMI y el BM coinciden en ser revisiones a la baja para 2015 y las tres -4,4%, 4,1% y 4%, respectivamente- están por debajo de 5% que estima el Gobierno, con pago incluido del doble aguinaldo -es pagadero sólo si el crecimiento es igual o superior a 4,5%-, en vísperas de un referendo que definirá la reelección del presidente Evo Morales. Tampoco las perspectivas para 2016 son alentadoras, pues el FMI alertó sobre una recesión en América Latina debido a una tasa negativa de crecimiento de 0,3% (-0,3%).
Lo seguro es que se avecina un nuevo escenario en el que, como ha afirmado Morales, todos los actores económicos deberán ajustarse los cinturones para sortear el temporal. ¿Qué implicaciones tiene la configuración de este nuevo escenario para la banca?
Lógica para la bonanza
Si se pudiera resumir la historia de la banca nacional desde 2006 a la fecha, se podría decir que fue considerada como una de las vacas más gordas del período de vacas gordas que terminó.
El pensamiento tradicional de izquierda, como se sabe, ha satanizado a la banca y, aunque se inviertan horas de horas en explicar su vital papel de intermediación financiera en la economía, prevalece el prejuicio. También es cierto que ciertos actores del sector financiero han cometido cuestionables excesos en el pasado -como en los casos de las quiebras fraudulentas del Banco de Cochabamba o del BancoSur, por ejemplo-, pero toda generalización suele ser injusta y peligrosa.
La Ley de Servicios Financieros, en consecuencia, parte de dos supuestos: la necesidad de la intervención estatal en la intermediación financiera y de lograr que el sistema financiero comparta sus extraordinarias ganancias gracias una economía muy bien manejada.
En el período de bonanza surgió la convicción de que el sector bancario, como pocos, capitalizó el excelente momento de la economía impulsado por las excepcionales cotizaciones de las materias primas o por los incentivos a la demanda interna -como sostiene el Gobierno- y lo tradujo en utilidades o ganancias.
La legislación financiera del período de bonanza buscó imponer cargas fiscales a las utilidades bancarias y a los márgenes del negocio.
Recortes al margen financiero
La regulación sobre el margen financiero de la actividad de intermediación redujo las tasas de los préstamos para el sector productivo y de vivienda social, con el objetivo de forzar un cambio en la composición de la cartera. A raíz de esta modificación, bajaron los ingresos financieros del negocio.
Las normas también establecieron una metodología para alcanzar metas de cartera para el sector productivo y de vivienda social, de tal modo que hasta 2018 se llegue a una proporción de 60/40. El 60% corresponde a los préstamos para el sector productivo y de vivienda social y el 40% restante en créditos para otros rubros. El resultado neto ha sido un decrecimiento gradual de la cartera que no es productiva ni de vivienda social.
Además, se aprobó un incremento en las tasas de interés pasivas, lo cual ha derivado en mayores gastos financieros.
Menos márgenes operativo y neto
En cuanto al margen operativo, la legislación financiera que se fundamenta en la lógica de bonanza implantó un Impuesto Directo a la Venta Bruta de Moneda Extranjera que equivale a un 13% sobre la utilidad tributaria, lo cual redujo los ingresos y causó una riesgosa desintermediación de las operaciones cambiarias.
Los cambios, en lo que respecta al margen neto -lo que queda del negocio- tienen también la impronta del recorte.
Al Impuesto a las Utilidades de las Empresas, con una alícuota del 25%, se sumó un tributo adicional a la utilidad total del 12,5%.
Y, como corolario, se dispuso que las entidades destinaran un 6% de sus utilidades netas a la función social establecida por la nueva Ley de Servicios Financieros, que consiste en la creación de fondos que facilitan el acceso de los usuarios a los préstamos para el sector productivo y de vivienda social.
La carga tributaria global para el sistema financiero es del 60%. Y todas las medidas enumeradas han derivado en una menor capacidad de crear capital interno.
Como se puede advertir, la lógica financiera de la etapa de bonanza consistió en sisar las consideradas excepcionales ganancias de la banca y en emitir regulación para orientar el poder crediticio de la banca a sectores en los que apostó la política fiscal para potenciar la economía.
Un cambio
Aunque todavía se escuchan voces que defienden el "blindaje” del país ante la crisis derivada de la baja de la materias primas -cada vez son menos, sin embargo-, es evidente que la legislación financiera desde 2006 se inspira en un escenario distinto al que comienza ahora a tomar forma, en el que bajan los ingresos, en especial por las ventas de gas a Brasil y Argentina.
Inclusive las proyecciones financieras para la conversión estructural de la cartera -el célebre 60/40- pueden perder sentido en una economía formal en la que, como ha advertido el empresariado, puede caer dramáticamente la demanda interna, que es supuestamente el pilar que sostiene el modelo económico oficial.
La normativa financiera para la bonanza, en consecuencia, puede convertirse en un obstáculo que impida la recuperación de la economía, pues regularía un sistema financiero ya inexistente, el de la bonanza, frente al que desarrolla sus actividades en la realidad de un país que atraviesa un periodo de vacas flacas.
El nuevo reto consiste en apelar a la creatividad para liberar a la banca de sus actuales ataduras, con el fin de que use todo su poder financiero como un factor real de desarrollo.
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