El Gobierno fijó un plazo de 16 meses para que las AFP transfieran todos los datos que tengan sobre los aportes de los trabajadores a la Gestora, empresa estatal cuyo inicio de operaciones ya lleva tres años de retraso.
La Gestora Pública reemplazará a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro y Previsión (a cargo desde 1996 de los aportes de los trabajadores para su jubilación) e iniciará sus actividades en un periodo no mayor a 18 meses a partir de la publicación del decreto 2248 (14 de enero de 2015), lo que pone como plazo límite para este fin el 15 de julio de 2016.
La misma norma establece que el ministro de Economía, Luis Arce, proponga al Legislativo antes de marzo tres personas para que de entre ellas el presidente Evo Morales elija el gerente general de la institución, un profesional boliviano que cuente con al menos un título de maestría y diez años de experiencia en el rubro.
Una vez realizada esta designación, la Autoridad de Pensiones y Seguros debe, en un plazo no mayor a 45 días calendario, establecer un cronograma de transferencia a la Gestora de toda la información y documentos que se encuentren a cargo de las AFP. “Este cronograma no podrá superar el plazo de 16 meses computados a partir de la publicación del decreto” 2248, es decir, hasta el 15 de mayo de 2016, cita la norma.
La Gestora ya entró en la agenda nacional del debate antes de siquiera comenzar sus operaciones. Los jubilados cuestionan los salarios aprobados para los principales ejecutivos de la futura empresa pública nacional estratégica, porque éstos serán cubiertos por los aportes de los trabajadores.
Pasos. El mínimo que se pagará a los ejecutivos dentro de la Gestora será de Bs 30.000 y el máximo de 70.000, 3,5 veces más que el sueldo del Presidente de Bolivia, 28 veces más que la renta promedio que percibe el 64% de los jubilados del país (Bs 2.500) y 49 veces más que el salario mínimo nacional (Bs 1.440).
Arce justificó estos sueldos alegando que los ejecutivos de la Gestora “precautelarán” por los hoy $us 10.588 millones en aportes de los trabajadores del país.
El Gobierno tenía previsto que la nueva estatal empiece su trabajo entre el tercer y cuarto trimestre de 2011, pero tres años después esta tarea aún no es posible debido, principalmente, a que las AFP deben concluir con todos los procesos judiciales iniciados para recuperar la deuda contraída por los empleadores con el Fondo de Capitalización Individual (6.000 juicios hasta agosto de 2014) y a que todavía no se compró el software para que la estatal se haga cargo de los fondos de pensiones.
La Gestora tiene el reto de elevar la rentabilidad del ahorro de los trabajadores, con el fin de garantizar mejores pensiones para los jubilados. Las AFP invierten hoy estos aportes en bonos del TGN, depósitos a plazo fijo y títulos de empresas que cotizan en la Bolsa Boliviana de Valores. El Gobierno anunció que la Gestora diversificará los ingresos de los fondos de pensiones y los invertirá en proyectos productivos, micro y pequeñas empresas, así como en empresas estatales con calificación de riesgo.
La estatal contará con 4 fuentes de financiamiento
La administradora pública de los aportes de los trabajadores iniciará sus actividades con un patrimonio de Bs 80 millones y podrá obtener recursos adicionales a través de cuatro fuentes de financiamiento, según el Decreto Supremo 2248.
“El patrimonio inicial de la Gestora está constituido por el aporte del Estado, para tal efecto se autoriza al Ministerio de Economía, con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), transferir como aporte de capital el monto de Bs 80 millones”, según el artículo 12 de la norma.
La empresa podrá captar también recursos a través de la comisión del 0,5% deducido del total ganado o del ingreso cotizable de los asegurados a tiempo de efectuar la contribución; de la comisión por el servicio de administración del Fondo de la Renta Universal de Vejez, administración de la base de datos de beneficiarios, gestión y pago de la Renta Dignidad y gastos funerales; de donaciones, aportes extraordinarios y transferencias de otras fuentes públicas o privadas, nacionales o extranjeras; y por medio de créditos, empréstitos y fideicomisos de entidades financieras públicas o privadas, nacionales o extranjeras.El proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2015 autoriza también al Gobierno constituir este año un fideicomiso de hasta Bs 120 millones para financiar la estructuración y el funcionamiento de la Gestora.
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