La Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo, que debía suceder a las administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), demora en aplicarse sin fecha de inicio, probablemente debido a que las deudas de las AFP hacen que el Gobierno vacile en el inicio de su implementación, como principal razón, según coinciden en señalar los analistas Bruno Rojas Callejas, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), y Alberto Bonadona, economista independiente.
Según reconoció en declaraciones pasadas el viceministro de Pensiones, Mario Guillén, la Gestora ya debió haber arrancado en agosto del año pasado. Seis meses después, ello no ocurrió, y no parece que suceda a mediano plazo.
Hasta ahora, el Gobierno adujo dos razones para la postergación: el saneamiento de cuentas por parte de las AFP y las exigencias que puso la Central Obrera Boliviana (COB) para participar de la toma de decisiones de esta Gestora.
Sobre el primer punto, Rojas y Bonadona coinciden en que las AFP no han tenido una gestión puntillosa y han dejado pasar muchas deudas, mora y juicios con los empleadores. Para hacer todo el traspaso administrativo a la Gestora, las AFP deben entregar una economía saneada, pues la Gestora no puede aceptar la transferencia de deudas, mora y juicios.
Según información de prensa, en 2012, las AFP mantenían problemas con cerca de 12 mil empresas de todo el país y unos 6.000 procesos judiciales. El mismo viceministro Guillén declaró que, así, lo peor que podría pasarle al Gobierno es que las AFP se vayan y dejen las negociaciones y documentos de trabajadores tal como están.
Otro problema, explica Bonadona, es cómo transferir la dos plataformas informáticas que cada una de las AFP ha ido desarrollando en todo este tiempo. Habrá que hacer un pago doble.
Finalmente, está la participación que la COB reclama. Según ley, el directorio de la Gestora debe estar conformado por cinco directores elegidos por el Presidente del Estado de ternas de profesionales en el área seleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta situación dio pie a la suspicacia de suponer que se tratará de un directorio que responda a los intereses del oficialismo y que la COB pida participación. Rojas Callejas observa que al ser recursos de los trabajadores es natural que ellos tengan representación.
Al margen de todo esto, Rojas Callejas y Bonadona coinciden en que la demora de la Gestora no debería preocupar. Según Bonadona, el único problema está en la contradicción que hay con la actual Ley de Pensiones que establece que las pensiones no deben estar en manos privadas. "La única que está preocupada es la COB", concluyó.
OPINAN LOS ESPECIALISTAS
Bruno Rojas C.Investigador Cedla
Veo que la Gestora aún no tiene forma ni contenido, ni estructura definida, pero por lo que se adelanta, la Gestora tendrá las mismas prerrogativas empresariales de las AFP cobrando el 0,5 por ciento al trabajador. Por otra parte, las AFP tienen serios problemas de saneamiento de recursos. Y uno de los principales deudores es el propio Estado. Esta transferencia tomará más tiempo.
Alberto Bonadona. Economista independiente
La aplicación de la Gestora demora por tres aspectos: primero, la COB que busca formar parte del directorio. Segundo, el problema técnico de cómo traspasar dos plataformas informáticas. Y tercero, y allí coincido con el Gobierno, es que las AFP no cumplieron una labor muy puntillosa en el tema de las deudas de las empleadores. Hay grandes deudas como las de LAB y AeroSur.
La deuda
J Según versión del Gobierno, publicada en diciembre pasado, las AFP Futuro de Bolivia y BBVA Previsión están obligadas a cobrar 515 millones de bolivianos de aportes laborales retenidos de manera ilegal por varias empresas nacionales y que no depositaron al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo (SSO).
J El Gobierno dice que 95 por ciento de la deuda es del sector privado y 5 por ciento del público.
J Las AFP iniciaron procesos ejecutivos sociales a más de 6.000 empresas para captar este dinero.
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