Banqueros temen excesiva regulación del Estado al sector financiero privado

EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ES LA AUTORIDAD QUE DEFINE LAS POLÍTICAS MONETARIAS Y CAMBIARIAS DEL PAÍS.

La intervención del Estado a través de una “excesiva regulación” de las operaciones del sistema financiero es el principal temor de los bancos, mutuales y de otras entidades del sector quienes participan en las reuniones convocadas por la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados que considera desde hace tres semanas el proyecto de Ley de Servicios Financieros.

Durante las reuniones, representantes de Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) que agremia a la banca privada y mutuales cuya cartera de depósitos bordea los 500 millones de dólares, también manifestaron su preocupación en torno a las modificaciones en los niveles de adecuación patrimonial, a la intervención estatal con tasas de interés diferenciadas para el sector productivo y vivienda, y en general a la reorientación de los recursos financieros hacia sectores específicos de la economía.

Los representantes de la banca privada optaron por la cautela y por tratarse de un tema sumamente delicado, prefieren no emitir declaraciones públicas al respecto.

El presidente de la mencionada comisión legislativa, Javier Zabaleta, reveló que las entidades financieras “no quieren una regulación al detalle y con precisión como establece el proyecto de ley”.

Uno de los temas que llama la atención del sector financiero privado – en su opinión- por ejemplo, es la autorización que franquea el proyecto a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) para que participe en las reuniones de directorio y en las juntas o asambleas de accionistas. El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Mario Guillén, que sigue de cerca las reuniones de la comisión, aclaró que la ASFI actuará en “calidad de observador” sin derecho a voto.

Según dijo Zabaleta, la regulación estatal en opinión de las entidades convocadas “podría generar inseguridad de los socios o capitalistas porque cualquier gobierno vía decreto estaría en condiciones de modificar las condiciones establecidas”, lo que afectaría la seguridad jurídica en el sector.

"El proyecto busca la transformación del sistema financiero. Desde el 2006 se está produciendo en Bolivia la transformación cultural en todos los ámbitos de la sociedad, mientras que en la base económica siguen vigentes instituciones financieras basadas en los principios capitalistas sin haber alcanzado el bienestar de la población", manifestó Zabaleta.

Agregó que tras varias reuniones realizadas con el sector, los representantes privados insistieron que debe ser la economía de mercado la que regule el costo del dinero y el Estado. Añadió que tras varios años en que actuaron de esa forma solamente lograron ganancias para ellos pero no para el prestatario cuyas condiciones al presente “son peores que en el pasado”, precisó.

Anotó que las ganancias de los bancos durante la gestión 2012 bordearon los 200 millones de dólares y que la capitalización de utilidades “ha sido mínima”.

Dijo que en muchos casos los ahorros de la población reciben ganancias negativas en el sistema, es decir, que los interesados deben pagar para que un banco acepte sus depósitos, asumiendo servicios que deben ser cubiertos por los propios bancos y no por los ahorristas.

MUTUALES

Se refirió a la situación de las mutuales en el proyecto que busca transformarlas en entidades financieras especializadas. “El Ministerio de Economía ha depositado toda su confianza en esa estrategia a objeto de hacer despegar el tema de la vivienda en el país con un acceso más rápido, expedito y más barato al techo propio”, sostuvo el legislador.

El viceministro de Vivienda y Urbanismo, Bony Morales, calculó que el déficit habitacional en el país aumenta a razón de 30 mil viviendas por año. Para afrontar esta brecha anual, agregó, se debe invertir aproximadamente unos mil millones de bolivianos.

Al 2013, la estimación del déficit habitacional se acerca a las 300 mil viviendas, señaló el funcionario. “Estamos hablando de viviendas que no están construidas, que no existen, de 300 mil familias que no tienen casa propia”, dijo.