21 marzo 2013

La nueva Ley de Bancos se gesta con rigidez y control

La premisa del Gobierno de acercar, a través de la nueva Ley de Bancos, el sistema financiero más a la gente y a sectores productivos, según analistas e involucrados en el tema, en la práctica llevará a un proceso de "estatización de la banca", cuya propuesta está más orientada a la intromisión que al control y mejora de estos servicios en el país.

Para los expertos, el Gobierno con los anuncios de Luis Arce, Ministro de Hacienda, que lanza en solitario los pormenores del contenido que tendrá la nueva Ley de Servicios Financieros conocido como Ley de Bancos, tiende a crear más incertidumbres que certezas.

"Se trata nomás de un proceso de estatización de la banca ya que en el fondo esa norma busca crear condiciones para que las entidades financieras se conviertan en prestadoras de servicios a requerimiento expreso del gobierno", señalo el analista Humberto Vacaflor.

Anuncios y temores. El Estado, a través de Arce, entre otros aspectos, anuncia mayor control del Estado con respecto a las tasas de interés, la elaboración de contratos contractuales entre banca y la gente, bajo el argumento de acercar la banca al sector productivo sobre todo pequeño pero con una rigidez y control del Estado a través de la Autoridad de Fiscalización de los Servicios Financieros (ASFI).

"Debe controlar pero no debe jugar su papel de intromisión. Eso sería lamentable, ya que el sector vive un momento de solidez como en ninguna otra época", enfatizó Armando Méndez, docente y expresidente del Banco Central de Bolivia (BCP).

Lo preocupante. Para Marcelo Núñez, presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, el Estado debe precisar las condiciones de acercar la banca a los sectores productivos pequeños. "Hasta el momento las tasas de interés, por ejemplo siempre se han regido por la libre oferta y demanda. Una regulación crearía desconfianzas, ya que en nuestro país no están precisadas algunas condiciones como las pólizas de seguros para el sector productivo", observó.

En la misma tónica, Roberto La Serna, de la fundación Milenio, señala que el Estado no puede obligar a la banca las condiciones del mercado.

En una visión dramática. Vacaflor apunta que tener una norma orientada a un mayor control del Estado llevaría a mediano plazo a la pérdida de confianza con serias consecuencias de "corrida bancaria". "El dinero cuando no hay condiciones para operar, se escapa, dice un proverbio", finalizó.

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