La determinación del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), de proceder al cobro a 50 mil contribuyentes que tienen deudas tributarias ejecutoriadas, de acuerdo al analista Iván Arias, imposibilita la creación de nuevos emprendimientos y favorece a la economía informal e ilegal.
En pasados días, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Roberto Ugarte, dio a conocer que 50 mil casos corresponden a contribuyentes que declaran sus impuestos pero no pagan, por lo que corresponde a la Administración Tributaria tomar medidas coactivas tras una autorización judicial.
"Cuando ya se ha pasado todos los trámites y todos los procesos correspondientes a la recuperación de la deuda tributaria, y si el contribuyente no responde a pagar esa deuda, entonces se toman medidas coactivas, es decir congelar cuentas y anotar bienes", explicó el presidente del SIN.
Dicho procedimiento, de acuerdo con Arias, es una política neoliberal, la misma que busca las vías fáciles de presionar a los legales y dejar que la economía informar ocupe mayores espacios, como en el caso de la ciudad de El Alto donde el 85% de los comerciantes son informales, en desmedro de nuevos emprendimientos.
Simplemente el SIN permite vía libre a quienes no tributan, a los informales, quienes amasan fortuna, tal es el caso de las cooperativas mineras quienes no pagan ningún impuestos, al igual que el sector de los cocaleros o los gremiales que importan mercadería de contrabando, quienes en la misma línea no contribuye al Estado, pero estos no son sancionados, mientras que el sector formal, que en su momento declaró al SIN ahora se ve perseguido.
Como ejemplo tenemos el caso de consultores libres quienes fuera de pagar el 15% del IVA, deben cancelar a las AFPs, pero dichos aportes son desviados y nadie da informes, indicó Arias.
Mientras que el economista Armando Méndez observa que el trabajo del SIN responde a la realidad boliviana de un país informal, una realidad que vive la mayoría de la gente. "Para evitar el crecimiento de este sector, lo que el Gobierno debería hacer es disminuir los impuestos, con la finalidad de incentivar la economía formal antes de realizar una persecución procesal. Por tanto esa tarea de efectuar persecución a pequeños emprendimientos es una actividad eficiente, cuando lo informal y lo ilegal se fortalece", expresó Méndez.
De acuerdo con Arias, la actual política aplicada desde el SIN es paralizar el sector productivo, aspecto que causa que dichos contribuyentes prefieran ser informales.
"A quien declara y quiere ser formal todos le atacan, desde los municipios, las gobernaciones y el Sistema de Impuestos Nacionales, el Ministerio de Trabajo entre otros, pero al informal nadie dice nada y se convierte en un doble discurso del Gobierno cuando se dice que apoyan las áreas productivas, pero en la realidad el Estado busca recabar mayores recursos de los formales que generan empleo y no de los informales", observó Arias.
La economía boliviana depende más de los recursos obtenidos por las exportaciones de los hidrocarburos en 95%, porque no se ha generado emprendimientos para los sectores productivos, siendo la realidad alteña la respuesta de la actual política, donde los nuevos emprendimientos y pequeños microempresarios cerraron sus empresas, señaló.
"Es por eso que El Alto es un gran mercado y Bolivia se vuelve en un mercado antes que en una fábrica de estabilidad, de fuentes de trabajo y legalidad productiva", concluyó el entrevistado.
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