Los contratos de crédito entre las entidades financieras y los prestatarios serán aprobados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en nombre del Estado, según la nueva Ley de Servicios Financieros, que reemplazará la Ley de Bancos.
El ministro de Economía y Finanzas, Luis Arce, explicó ayer que con esa medida se busca favorecer al prestatario, que hoy en día no tiene la posibilidad de reclamar por las imposiciones de la banca.
“La ASFI, el Estado, entra a regular esos contratos, ya no es la libre oferta y demanda; aquí el Estado establece las condiciones crediticias en las cuales la gente va a poder prestarse de los bancos. Mejora las condiciones, por lo tanto, para el prestatario”, aseguró la autoridad.
Esa disposición está en el artículo 85 del proyecto de Ley de Servicios Financieros, que se refiere a la obligatoriedad de las entidades financieras de inscribir, en el Registro de Contratos de la ASFI, los formatos y modelos de todos los contratos tipo de las operaciones autorizadas. Los modelos estarán publicados en la página web de esa entidad, una vez que reciban el visto bueno.
Arce sostuvo también que el costo del crédito no podrá encarecerse en caso de haber formularios y servicios adicionales que puedan ser cobrados a los prestatarios.
De acuerdo con la autoridad, a diferencia del pasado, la nueva norma dejará de favorecer al oferente de servicios financieros.
“Básicamente lo que se busca en esta Ley de Bancos es equilibrar el favoritismo que antes, en la vieja ley neoliberal de bancos, existía para el oferente de servicios financieros en detrimento del que demanda, eso es muy claro”, aseguró el ministro.
Añadió que con la actual regulación el prestatario debe someterse a la “dictadura” de quienes ofertan los servicios financieros, por lo que la futura norma recupera los derechos de los consumidores de servicios financieros.
El proyecto de nueva Ley de Bancos tiene 550 artículos y está en debate en el gabinete desde el pasado sábado. Una vez aprobado, será remitido a la Asamblea para su tratamiento, pero también a las entidades del sistema financiero que son supervisadas.
Otro de los puntos que regularán esa norma será el de las tasas pasivas y activas, es decir, las que se pagan a los usuarios que depositan sus ahorros y las que se cobra a los prestatarios.
Al respecto, Arce criticó que los “abogados de los bancos” cuestionen que el Estado fije las tasas, para que no se repita la historia del pasado, cuando las entidades bancarias ganaban gracias a que pagaban un porcentaje bajo por los ahorros y cobraban una tasa alta por créditos.
Dijo que hasta este año esas operaciones reportaron utilidades a los bancos de hasta 280 millones de dólares.
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