Con esta medida, ambas AFP dan cumplimiento a lo establecido en la Ley de Pensiones (Ley 065) que indica que el empleador que se apropie de las contribuciones destinadas al Sistema Integral de Pensiones (SIP) y no las deposite a la entidad señalada en los plazos establecidos “incurrirá en privación de libertad de cinco a diez años y multa de 100 a 500 días”.
La norma señala, asimismo, que el empleador quedará exento de responsabilidad penal si regulariza su situación ante el SIP.
El 4 de noviembre, la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) publicó los nombres de los 20 mayores deudores tanto a la AFP Futuro de Bolivia como a BBVA Previsión, cuyos empleadores se encuentran con Proceso Ejecutivo Social (PES) de acuerdo con la ley.
La disposición transitoria primera del anteproyecto de Decreto Reglamentario a la Ley 065, aún en análisis, señala que las deudas de periodos anteriores a esta norma (emitida el 10 de diciembre de 2010), que no se encuentren a la fecha con el PES, deberán ser recuperadas a través del “Proceso Coactivo de la Seguridad Social”, el cual agiliza los juicios que tienen los empleadores.
Del centenar de empresas con proceso penal sobresalen el LAB, AeroSur, Club Bolívar, PAT, Universidad Mayor de San Simón, Matex, Hilasa, Mex, Utex, Makitesa, entre otras. (Ver recuadro) En todos estos juicios están imputados los representantes legales de las empresas durante el periodo que se tenía que cumplir con la obligación del pago de contribuciones a las AFP.
El 6 de noviembre, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, conminó a los empleadores a pagar sus deudas a las AFP, pues, de lo contrario, irán a la cárcel tras un proceso judicial. “Van a ser sancionados los ejecutivos, como está establecido en la ley, y por tanto si no pagan irán a la cárcel, porque así lo establece nuestra Ley de Pensiones que vamos a aplicar a rajatabla”, sostuvo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario