Al menos 50 millones de bolivianos de crédito fiscal fueron defraudados al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) con facturas falsificadas y presentadas sin que se haya registrado ninguna compra-venta de productos o servicios.
A partir de 2013, ese tipo de hechos, así como la compra de estas notas fiscales por parte de empleados o la venta a éstos de parte de terceros, será sancionado con penas de cárcel que van desde tres hasta seis años.
El presidente de la entidad recaudadora, Roberto Ugarte, explicó que ese millonario fraude fue identificado a través del cruce de información de contribuyentes Newton.
La autoridad explicó que se detectó a más de 150 personas que dosificaron facturas con Números de Identificación Tributaria (NIT) sin que de por medio haya habido la transacción de productos o servicios.
Algunos contribuyentes identificados están dispuestos a reembolsar los tributos.
Pero también hay casos de personas dependientes que descargan el RC-IVA con la compra de los extractos. “Algunos contribuyentes, empresas o personas naturales, a fin de incrementar su crédito fiscal, consiguen facturas, que nosotros le llamamos (de) empresas fantasma porque hay la compra de estas facturas, sin que haya la transacción efectiva del bien y del servicio, pero también hay falsificación”, explicó Ugarte.
Anunció que la Ley Financial 2013 reformará el artículo 177 del Código Tributario para castigar con una pena de tres a seis años de cárcel el tráfico, clonación y falsificación de facturas, porque se tipifica a esos hechos como delito tributario.
“Creemos que con esta modificación estamos reforzando el control, combatiendo el delito tributario; es muy diferente a que un contribuyente se declare en mora o no pague, pero declare el impuesto, hay otros contribuyentes y otras personas que están comercializando estas facturas”, sostuvo la autoridad.
Para detectar quiénes incurren en el tráfico, clonación o falsificación de facturas, Ugarte indicó que el SIN realiza un cruce de información de las declaraciones de compras y ventas realizadas por los contribuyentes.
Empero, no se precisó cómo se detectará a los empleados que compren extractos en el mercado para su descargo.
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