Cerca de 20.000 jubilados, que perciben una pensión solidaria, se ven perjudicados porque esa fracción de su renta no puede incrementarse en aproximadamente 5% al mes, por falta de un decreto reglamentario.
El viceministro de Pensiones, Mario Guillén, responsabilizó del perjuicio a la Central Obrera Boliviana (COB), pues el decreto reglamentario, denominado Prestaciones de Jubilación, Invalidez y otras, que permitirá la actualización (incremento) de la pensión solidaria no puede ser emitido por falta de consenso con el ente matriz laboral.
Además de esa normativa, la COB debe dar luz verde al decreto de inversiones de los aportes que realizan los empleados para jubilarse en el futuro.
“La COB tiene que entender que lo que está haciendo es perjudicar a los trabajadores, porque en la medida en que no se aprueben esos reglamentos no se puede poner en funcionamiento al 100% la ley, no sólo es el tema de las inversiones, sino la actualización de la pensi��n solidaria”, sostuvo Guillén.
Explicó que la renta de quienes se jubilaron en el nuevo sistema de pensiones tiene tres componentes, el primero es la compensación de cotizaciones, el segundo el ahorro del trabajador y un tercero la pensión solidaria.
Esta última debería subir mes a mes en función de la variación de la unidad de fomento a la vivienda, que para este año se prevé estará en un 5%.
Puso como ejemplo a un trabajador del magisterio que recibe una renta de 1.513 bolivianos. Por compensación de cotizaciones y ahorros propios recibe 728 bolivianos, que se actualizan en función de la rentabilidad de la inversión de sus aportes, a ese monto se suma 785 bolivianos de la pensión solidaria, que deja de incrementarse en aproximadamente 39 bolivianos (5%) por falta de un reglamento.
Falta de consenso
Paralizado La COB no viabiliza los decretos reglamentarios porque no está de acuerdo con la renta de jubilación de la Ley de Pensiones.
Crítica El ente matriz de los trabajadores cuestiona que el trabajador sólo se jubile con un 70% de su salario.
Pendiente Las negociaciones entre la COB y el Gobierno están en statu quo porque la entidad de los trabajadores debe demostrar técnicamente que su plan de aumentar el porcentaje de jubilación es sostenible.
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