La Ley de Bancos se encuentra en etapa final de análisis en la Comisión de Planificación y Economía de la Cámara de Diputados, donde los sectores bancarios, empresariales y legisladores van acordando algunas características, aunque es marcada la presencia y control estatal en esta actividad, hasta hace poco delegada exclusivamente al sector privado.
La banca deberá acostumbrarse a ser regulada en cada transacción que se realice y también deberá dejar en manos del Estado las tasas de interés fluctuantes, que serán reguladas mediante decretos supremos, según explicó el diputado oficialista y presidente de esta instancia legislativa, Javier Zavaleta.
Zavaleta dijo que se vienen desarrollando las sesiones de sociabilización con los banqueros, pero se les ha dejado claro que la regulación de las tasas de intereses es potestad del Gobierno central como competencia asumida por la Constitución Política del Estado (CPE). Cada tipo de interés sería regulado según las características y necesidades de acuerdo con los decretos supremos que se vayan dictando.
El legislador, quien anticipó esta figura a EL DIARIO en anteriores ediciones, dijo ayer a los medios de comunicación que la norma ingresará la siguiente semana en su etapa final antes de convertirse en proyecto de Ley para consideración de la plenaria.
Por su lado, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Marcelo Elío, anunció que se instaurará un sistema informático de control a las transacciones y a cada movimiento económico que se desarrolle dentro del sistema bancario, con el fin de evitar casos de quiebra, quiebra fraudulenta, desfalcos u otras figuras que ya fueron parte de la experiencia social boliviana, donde el Estado tuvo que asumir las deudas y los ahorristas quedaron con las manos vacías al ver disiparse sus ingresos.
“El Estado espera controlar el flujo de transacciones para evitar que existan quiebras. Se va a implementar una línea informática que vigile todas las transacciones para que no ocurran casos como el Bidesa o BBA”, declaró el legislador.
En vigencia se encuentra la Ley de Bancos y Entidades Financieras que data de 1993 y las modificaciones de 1995, donde el sector privado cuenta con mayor participación y garantías para su labor.
El sector bancario se manifestó algo reacio a las nuevas disposiciones, pero evitan comentar o hacer declaraciones por sugerencia de la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, quien expresamente pidió no mediatizar el proyecto de ley hasta que esté concluido.
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