La revisión, control, verificación, comprobación e investigación que realiza la administración tributaria respecto a los tributos que administra, es la facultad o atribución que tienen los estados para controlar que todos los ciudadanos han cumplido con las normas tributarias y, en su caso determinar los tributos omitidos, investigar administrativamente delitos tributarios e imponer las sanciones que correspondan.
En estos días se han publicado versiones de prensa por las cuales se hace referencia al tema en sentido de que la administración tributaria desarrolla su labor fiscalizadora únicamente sobre empresas de propiedad privada dejando de lado las que son de propiedad estatal, aspecto que no se podrá comprobar, pues por ley los servidores públicos están prohibidos de divulgar los hechos que conozcan, en razón de su cargo y que por su naturaleza sean reservados.
Sin embargo de verificarse el caso, se debe recordar que en nuestro ordenamiento jurídico o ante la ley todas las personas son iguales, principio reconocido al inicio de la Constitución Política del Estado promulgada en febrero de 2009.
En este sentido, la administración tributaria está mandada a aplicar la legislación tan eficiente y efectivamente como sea posible, sin ningún tipo de discriminación.
El trato igualitario entre los contribuyentes es esencial para aplicar y hacer cumplir la ley. Cuando el principio de igualdad no está debidamente salvaguardado, sin lugar a duda de que la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad se verá afectada.
Por otra parte, la responsabilidad funcionaria de quienes tienen el encargo de velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias, no está limitada y debe ser ejercida sobre todos los contribuyentes en general, sin distinción ni discriminación, ya sean sujetos pasivos del sector privado o estatal, nacionales o extranjeros, del campo o la ciudad, y un largo etc. pues todos tienen los mismos derechos y obligaciones ante el Fisco. En las últimas décadas la administración tributaria boliviana ha logrado grandes avances en todos los aspectos, así lo reconocen organismos internacionales, por tanto es necesario seguir avanzando y trabajando en sentido de conseguir una mayor confianza y credibilidad del ciudadano en el ente fiscalizador
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