Acuerdo Gobierno-empresarios restringe regulación de tasas de interés bancaria a sector productivo y de vivienda

El presidente Evo Morales y los empresarios lograron hoy acuerdos para la modificación de cuatro artículos del proyecto de ley de Servicios Financieros, entre ellos el restringir el control del Estado sólo a las tasas interés para el sector productivo y de vivienda, y fijar en la ley algunos indicadores, se informó en conferencia de prensa.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y los empresarios a la cabeza del presidente de la Confederación de Empresarios de Boliviana (CEPB), Daniel Sánchez, informaron en Palacio de Gobierno sobre los resultados alcanzados en la reunión celebrada con Morales para analizar aspectos que preocupaban al sector respecto al proyecto de ley en debate en el Legislativo.

Quintana informó que el Ministerio de Economía “reelaborará” entre tres a cuatro artículos de la norma legal, observada en algunos aspectos por los empresarios, particularmente por la Asociación Nacional de Bancos (Asoban).

El vicepresidente de Asoban, Antonio Valda, destacó la importancia del encuentro porque permitió superar observaciones al proyecto de ley en debate en la perspectiva de fortalecer al sector y asegurar “certidumbre a largo plazo a los depositantes, como a los que toman créditos”.

“Los artículos de control de tasas de interés que, nosotros como sistema financiero estamos de acuerdo que el Estado puede regular las tasas de interés del sector productivo y de vivienda. Lo que hemos logrado es que sólo esos sectores sean regulados a través de un Decreto Supremo, mientras la demás cartera no”, afirmó.

La disposición legal establecía inicialmente que las tasas de interés para créditos cuyos destinos sean distintos al sector productivo y de vivienda, “igualmente podrán ser objeto de regulación”.

El resto de los tres artículos modificados tiene que ver, añadió, con el hecho de que ahora estará establecido en la norma algunos indicadores de solvencia y de otro tipo. Anteriormente esos indicadores podrían haber sido modificados con un Decreto.

El Gobierno hará conocer al Legislativo los ajustes acordados a la norma en debate.