A cinco meses de haber tomado conocimiento del proyecto de Ley de Servicios Financieros, el sector privado aceptó finalmente el control estatal de tasas de interés y la orientación de créditos (cartera) a los sectores productivos y de vivienda. El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez manifestó que los banqueros tienen todavía la expectativa de que en la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja, donde cursa el proyecto puedan aún efectuarse modificaciones al proyecto.
“La Cámara Baja debe demostrar independencia escuchando las observaciones de todos los interesados en el proyecto”, instó Sánchez.
El pasado 14 de marzo la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) afirmó que el proyecto de norma, “además de establecer definiciones demasiado amplias para el sector productivo y vivienda social, deja abierta la posibilidad de que el Estado pueda regular las tasas de todos los productos crediticios, aspecto que a criterio del sector debe ser corregida, a fin de limitar posibles efectos adversos en la confianza del ahorrista y reducir al mínimo el riesgo moral sistémico que podría generar la determinación del riesgo crediticio desde criterios no técnicos”.
Asimismo, mediante un pronunciamiento sostuvo que el proyecto debe evitar que en lugar de canalizar recursos para sectores sociales desfavorecidos y para el desarrollo de la economía en ámbitos productivos, llegue a otros proyectos que no generen crecimiento en la economía, ni encadenamientos favorables.
DEFINICIONES
El presidente de la empresa privada nacional, dijo ayer que “resta considerar una veintena de artículos del proyecto durante esta semana” y solicitó a la Comisión de Planificación, “requerir la participación del Banco Central sobre las políticas económicas”. Esta propuesta es uno de los principales argumentos para que se respeten “algunos temas que antes se hacían por Ley y ahora se quieren hacer por decreto”, indicó.
En ese sentido, sostuvo que el tema de las tasas de interés está absolutamente acordado porque es una política de Estado.
“Apoyaremos al sector productivo y de vivienda, eso está absolutamente aceptado por el sector”, manifestó el directivo. En una de sus últimas declaraciones, el ministro de Economía, Luis Arce, sostuvo el gobierno “no modificará los fundamentos del proyecto que defienden al consumidor financiero y no a los banqueros”. Arce de esta manera dio por cerradas las conversaciones con el sector privado.
Hace cuatro meses aproximadamente el criterio de Asoban era diferente, pues entonces manifestaba que “el sector está de acuerdo en promover el financiamiento hacia el sector productivo; sin embargo, considera que la fijación de niveles de cartera y de tasas no es el mecanismo adecuado para fomentar el crecimiento de algunos sectores, como lo demuestran las experiencias de los países que adoptaron esta línea en el pasado.
No obstante, ante la determinación del gobierno de fijarlas, debería limitarse a la vivienda social y a las actividades de los micro, pequeños y medianos empresarios dedicados a la actividad productiva, cuyas definiciones deben ser más acotadas en la Ley, en el marco de la estrategia visualizada por el Estado”.
CAMBIO “RADICAL”
A opinión de Sánchez, las observaciones se limitaron a pocos aspectos (el proyecto de ley contiene 548 artículos) que no quiso precisar. “Se ha reducido la demanda de las observaciones y ello nos podrá ayudar a tener la oportunidad de volver a plantearle las últimas observaciones al gobierno”. Sánchez admitió el proyecto es una ley que cambia radicalmente a la actual, pero es razonable que se adecúe a la nueva Constitución.
PREOCUPACIÓN
En las últimas semanas dos expresidentes del Banco Central manifestaron su preocupación por el control de tasas de interés y la orientación “preferente” de la cartera. El ex presidente del BCB, Juan Antonio Morales, a tiempo de lamentar la pérdida de independencia del Banco Central, alertó que el proyecto de ley podría “agravar” los problemas que enfrenta la banca y las entidades financieras por excesos de liquidez, debido a “la intervención del Estado en la fijación de tasas de interés y la orientación del crédito hacia sectores que el gobierno considera preferentes como el productivo y la vivienda”.
Por su lado, Armando Méndez, señaló que “el proyecto de nueva Ley de Bancos no representa un avance para el desarrollo financiero y económico del país. “Es un retroceso y una práctica del pasado a lo que en Bolivia se hacía hasta el año 1985 con el control de tasas”, recordó.
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