Economistas cruceños expresaron su preocupación por la liquidez que registra el sistema financiero del país frente a la poca inversión inyectada a la economía boliviana en el contexto de la futura ley de Bancos, cuyo tratamiento se encuentra en la recta final de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja.
El manejo “discrecional” del sistema financiero a través de decretos podría generar un impacto negativo en la economía, que por el momento es sólida gracias a los altos precios de las materias primas, mientras en Bolivia, la inversión extranjera es desalentada por la política de “nacionalizaciones”, del actual Gobierno.
Datos del Ministerio de Economía al primer cuatrimestre del año señalan que los depósitos en el sistema financiero nacional superaron al término del período los $us 13.066 millones, habiendo registrado en los primeros meses un crecimiento absoluto de $us 95 millones. El sistema financiero tuvo un aporte de 0.87 por ciento en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que alcanzó 6.04 por ciento, según las cifras oficiales.
LIQUIDEZ
Según datos de la Cepal, la inversión extranjera directa el 2012 en Bolivia se situó en 1.060 millones de dólares, mientras que la ejecución de la inversión pública ascendió solamente 16 por ciento de $us 3.800 millones en los primeros cuatro meses de la gestión. En ese ámbito el economista y gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, manifestó que la Ley de Bancos debe ser consensuada con el sector privado para promover la competencia en el mercado en vez de “imponer tasas de interés y orientar la cartera en favor de ciertos sectores”. Sostuvo que “una Ley sabia no solamente debe interpretar las necesidades, sino los posibles efectos negativos, distorsiones e impactos contraproducentes”.
Insistió que la ley como está planteada por estas razones podría crear efectos adversos en la economía y el sistema financiero. Instó a que tanto el Gobierno y el Órgano Legislativo puedan generar condiciones de una verdadera competencia que es mejor a establecer rigideces como el control y fijación de tasas de interés y control de la orientación de la cartera.
DISTORSIONES
Por su parte el también economista Marco Antonio del Rio, docente de la Universidad Gabriel René Moreno, expresó que la regulación que pretende imponer la nueva Ley de Bancos podría generar desequilibrios en el mercado financiero frente a los que el Estado “no siempre reacciona oportunamente creándose más bien una regulación ficticia”. Alertó que “la regulación si bien puede ser aceptable en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo podría generar distorsiones en el mercado del crédito y del dinero”, sostuvo.
El secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), Nelson Villalobos, insistió este lunes el pedido de ese sector para evitar que las tasas de interés en los créditos productivos y de vivienda se regulen a través de decretos supremos, como establece el proyecto de Ley de Servicios Financieros, que se encuentra en debate en la Cámara de Diputados, informó la agencia oficial ABI.
“Prácticamente no habría límites para la definición de materia de control de tasas y establecer niveles de cartera, este es un tema que nos preocupa de sobremanera, porque el tema de toda la administración de riesgos que realiza la banca pasará a manos del Gobierno, porque serían ellos a través de decretos supremos que definirán a quienes se debe prestar, cuánto se debe colocar y en qué sectores”, explicó en rueda de prensa.
LEYES Y NO DECRETOS
Villalobos cuestionó también la facultad que establece la aprobación de decretos supremos para adoptar medidas preventivas temporales, “sin tener nítidamente las causales definidas en la ley”. Además, señaló que entre los artículos observados por la banca, también se encuentra el referido al capital mínimo que requieren los bancos para aprobar préstamos y dijo que ese aspecto debe ser regulado mediante una ley y no a través de un decreto supremo, como dispone el proyecto de esa norma. No obstante, admitió que varias observaciones realizadas por la banca privada al proyecto de Ley de Servicios Financieros fueron aceptadas por los negociadores gubernamentales.
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