07 mayo 2011

El dinero sustraído puede alcanzar más de Bs 1 millón

Guider Arancibia Guillén

Los montos sustraídos hasta el momento mediante el robo de dinero de cuentas bancarias superan el Bs 1 millón, según cálculos realizados por el coordinador de la Fiscalía de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcc), Carlos Gutiérrez, que investiga las denuncias sobre este delito.
Gutiérrez dijo que al momento las denuncias de la gente afectada bordea las 200 y que la cuantificación de la totalidad de los montos sustraídos es una tarea difícil.
Según la Fiscalía, entre el miércoles y jueves se sentaron unas 30 denuncias, mientras que la mañana de ayer se atendieron otras 10. Los usuarios afectados acompañaron como prueba los recibos por retiros solicitados a las entidades financieras.
Gutiérrez afirmó que los representantes de la Autoridad de Supervisión de Entidades Financieras (ASFI) se apersonaron para recabar información y aceptaron responder a cada una de las interrogantes del requerimiento del Ministerio Público para precautelar la seguridad de los ciudadanos denunciantes.
La investigación que inició la Fiscalía está sustentada en los delitos de manipulación informática, que establece sanción de uno a cinco años de cárcel, y de alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, que contempla pena de un año de prestación de trabajo o multa hasta 200 días.
Abogados consultados sobre el tema indicaron que los autores de este tipo de delito también pueden ser procesados por asociación delictuosa y robo.
La Fiscalía habilitó un sistema para la conexión con la División de Delitos Económicos Financieros de la Felcc, que recibe a diario las denuncias de los usuarios.
Por su parte, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Miguel Gonzales, aseguró que el número de denuncias bajó con relación a otros días, aunque no reveló cifras.
El jefe policial destacó el hecho de que personeros ejecutivos y legales de ASFI y de la Asociación de Bancos acudieran a la Policía para recibir información y se comprometieran a coadyuvar en las pesquisas, así como a mejorar los servicios financieros.
Gonzales explicó que la Policía tuvo acceso a videos de algunas cámaras de seguridad de las financieras y que se están analizando las grabaciones. “Estamos seguros de que la información de las cámaras nos servirá de mucho”, manifestó,.
Insistió en que el problema de la manipulación informática no es nuevo en el país y sugirió a la banca mejorar sus sistemas de control, para tranquilidad de la población usuaria.
También hizo un llamado a la población para que cambie de forma permanente sus claves o PIN, que renueven tarjetas. Una autoridad de la Corte Superior de Distrito, que prefirió reserva, expresó su preocupación por la ola de robos de dinero a través de tarjetas clonadas. Sin embargo, dijo que no solo por ese método hay retiros indebidos de dinero, sino también a través de otras transacciones, por lo que considera que las investigaciones deben ser ampliadas.
Según dicha fuente, debido a las limitaciones de la Policía, en el país es difícil dar con los autores de estos delitos.

AFECTADOS

Una madre
Apoderada
Formuló la denuncia ayer en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), por el retiro ilegal de la cuenta de su hijo de Bs 16.500. “Mi hijo viajó a España y dejó su cuenta a mi cargo, pero cuando acudimos para vertificar nos sorprendimos con los retiros de dinero en tres oportunidades. Es un daño grave”, dijo.

Isabelino Gómez
Fiscal de distrito
La primera autoridad del Ministerio Público ya sentó una denuncia formal en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen como cualquier ciudadano. En la Fiscalía se informó de que Gómez descubrió que le hicieron retiros arbitrarios a su cuenta de ahorro, pero no se especificó el monto sustraído.

A.A.
Fiscal
“Sí, a mí también me sacaron dinero de mi cuenta”, dijo el representante del Ministerio Público, mientras atendía un proceso en el Palacio de Justicia. Aunque no reveló el monto exacto, denunció que los retiros corresponden a su tarjeta de débito en cajeros automáticos. Es la primera vez que descubre el hecho.

“Se debe mejorar los controles”
Henry Hoyos Soriano | Seguridad informática
En Bolivia, las tarjetas de crédito y de débito poseen tecnología de banda magnética, esto hace vulnerable los plásticos para que la información sea transferida o clonada. Otros países optaron por una tecnología más segura para evitar que sean clonadas, la tecnología CHIP prácticamente elimina la posibilidad de que una tarjeta sea clonada. Se debe implementar un sistema de generación de código PIN automático, de modo tal que el número PIN nunca sea el mismo. Incorporar SMS (Mensajes de texto al celular) para informar al cliente cada vez que la tarjeta de crédito o débito registre una transacción para que se entere al instante si alguien hizo una transacción sin autorización. Establecer sistemas de validación de transacciones no habituales, a través de sistemas de correlación de usos tradicionales del cliente, esto consiste en que si el banco detecta una compra no usual, llama o envía un mensaje al cliente. La responsabilidad es de todos, empezando por la ASFI y terminando en el cliente. Todos juegan un rol preponderante en el uso de tarjetas de créditos. Lamentablemente no existe la suficiente información de esta problemática, se debería realizar una campaña de información, a la cabeza de ASFI y bancos nacionales, pero en la que todos estemos involucrados porque la falta de información está siendo utilizada por gente inescrupulosa.

La pena debe agravarse
Las sanciones que establecen las leyes bolivianas contra personas que cometen manipulación informática son consideradas leves por abogados consultados por EL DEBER.
En opinión de la secretaria general del Colegio de Abogados, Angélica Zapata, la pena por el delito de manipulación informática, que es de uno a cinco años de cárcel, debe ser agravada de dos a ocho años como mínimo, considerando que el daño que se causa al usuario no solo es económico, sino también con consecuencias psicológicas. Los delitos de manipulación informática y alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos establecidos en los artículos 363 bis y 363 ter del Código penal fijan pena de uno a cinco años de cárcel y sanción de prestación de trabajo hasta un año.

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