Desesperados. Así están los más de 500 propietarios de 630 lotes de la urbanización Andalucía, predio de 41 hectáreas, ubicado en la doble vía Santa Cruz-Cotoca, que fue avasallado a principios de febrero por un grupo de 200 personas.
Pese a que existe un fallo de la juez civil Isidora Jiménez, que ordena el desalojo de este predio, a la fecha la Policía no ha hecho cumplir esta disposición legal.
El presidente de la Junta Vecinal de esta urbanización, Ariel Ribera Betancurt, señaló que la Policía cuenta con 37 órdenes de desalojo que no ha podido cumplir, tanto de avasallamientos urbanos como rurales. “Pedimos que se cumplan con las normas legales”, dijo el dirigente vecinal.
Este no es el único caso, según datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente, CAO, de las 85 propiedades productivas solamente se han hecho desalojos de 3 predios.
A precio de gallina muerta. Estos terrenos fueron adquiridos por la cooperativa Jerusalén en 2008, que urbanizó las 41 hectáreas dividiéndolas en 630 lotes que vendió a sus socios en 2009. El precio de promedio de un terreno es de $us 7.000.
Directivos de la Cooperativa denunciaron, que los líderes de los avasalladores parcelaron todo el terreno y procedieron a vender cada parcela a $us 300 y $us 500.
Además derrumbaron un muro de concreto y destruyeron una cabaña recreativa de los vecinos.
"Están vendiendo nuestros terrenos, a precio de gallina muerta. Incluso hay personas que siguen pagando su terreno de forma mensual", señaló Víctor Alcócer, uno de los afectados.
Autoridades dilatan desalojo. El presidente de la cooperativa, Jerusalén, denunció a través de la Red Uno, que incluso este caso es de conocimiento de autoridades de gobierno y la Policía.
Dijo que incluso, hace un mes el viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, pidió que le pasen una copia del expediente para estudiar el caso, pero a la fecha no hay una respuesta concreta. "Aún sigue estudiando el caso", dijo Zabala.
El presidente la urbanización, Ariel Ribera, dijo desde el mes de abril el Comando Departamental de la Policía, viene dilatando el proceso. "Primero nos decían que no había efectivos, porque todos estaban tras un sicario. Luego nos dijeron que todos los efectivos estaban desplazados en el plan Chachapuma", se quejó.
"Incluso en el comando nos dijeron que hay 37 órdenes de desalojo sin ejecutar y que debemos esperar nuestro turno", agregó.
Lo lamentable, según los dirigentes, es que incluso ha habido enfrentamiento entre los verdaderos dueños de los terrenos y los presuntos avasalladores.
"Incluso nos han destruido cuatro movilidades. Un jeep fue quemado y un ejecutivo de la Cooperativa casi fue linchado", dijo.
Usan el nombre del MAS. Los dirigentes de la urbanización y directivos de la cooperativa, denunciaron que los principales cabecillas del grupo de avasalladores, fueron identificados como Bertina Menacho y Naín Justiniano, ambos con supuestos antecedente penales por avasallamiento, dicen que los políticos Isaac Ávalos y Róger Quiroz, de filas del Movimiento Al Socialismo (MAS), del partido de Gobierno, avalan la toma.
Norma
Tribunal Constitucional prohíbe los avasallamientos en el país
Fallo. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) estableció que los avasallamientos en Bolivia están prohibidos y, además, reiteró que se garantiza y protege la propiedad privada que está reconocida en la Constitución Política del Estado.
La determinación está contenida en un sentencia que ratifica el fallo de la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial, de Santa Cruz , emitida el 6 de septiembre de 2010 y en la cual María Antonieta Rojas ganó un amparo constitucional en contra de Mirtha Asunta Viruez, que avasalló un predio de la primera donde funciona una granja de pollos IMBA.
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